OTOÑO 2020

Gobernanza y estado de derecho

**El presidente Nayib Bukele en un evento durante su etapa como alcalde de San Salvador.**

«File:Gobernando con la Gente (23941056593).jpg» de Presidencia El Salvador from San Salvador, El Salvador, América Central está bajo una licencia CC0 1.0.

Mantener la rendición de cuentas del gobierno y limitar los poderes del ejecutivo son algunos de los desafíos que enfrenta El Salvador en medio de la pandemia de COVID-19. Defensores de los derechos humanos han denunciado violaciones a derechos fundamentales perpetradas por la actual administración gubernamental. En noviembre, el paso del huracán Eta aumentó las vulnerabilidades del sistema de salud en El Salvador.

Organizaciones internacionales y defensores de los derechos humanos han denunciado casos de detenciones arbitrarias y violencia policial vinculadas a las rígidas restricciones impuestas por la administración de Bukele para evitar la transmisión de COVID-19.
Periodistas e instituciones, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, han cuestionado la transparencia de los mensajes públicos de Bukele, elaborados en base a datos extraídos de redes sociales.
El 9 de agosto, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador declaró inconstitucional un decreto ejecutivo que delineaba los protocolos para la reapertura gradual de la economía.
Bukele criticó públicamente a los cinco magistrados de la Corte Suprema que declararon inconstitucional las cinco fases de reapertura económica. El relator especial de la ONU, Diego García-Sayán, calificó de inaceptables las acciones de Bukele, por atentar contra la independencia judicial.
Bukele criticó a las Naciones Unidas por su falta de liderazgo para responder a la pandemia.
El 19 de septiembre El Salvador reabrió los aeropuertos para vuelos internacionales.
En mayo, el índice de aprobación general de Nayib Bukele alcanzó el 92.5%. La calificación se ha mantenido alta durante la pandemia.
El presidente Bukele, el Congreso y la Corte Suprema se enfrentaron entre sí por la determinación de la fecha de reapertura de actividades en el país.
Durante la pandemia, las tensiones entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial se han intensificado debido al avasallamiento de competencias que implica la constante toma unilateral de decisiones por parte de Bukele.
Apoyándose en el amplio apoyo de la ciudadanía a su administración, Bukele declaró en mayo que habría una total “reforma del estado” al finalizar la pandemia.
El presidente ha recurrido a las redes sociales en múltiples ocasiones para criticar a periodistas, organizaciones civiles y opositores políticos que cuestionan el respeto de los derechos humanos durante la pandemia.
Otro motivo de preocupación para las organizaciones civiles y los periodistas ha sido la confiabilidad del reporte de casos de COVID-19, ante un gobierno que rehúsa rendir cuentas.
Luego de un fin de semana trágico –en el que murieron 53 personas–, y ante el aumento de los homicidios, el presidente autorizó a la policía y al ejército a usar “fuerza letal” contra pandilleros.
Desde que comenzó la pandemia, Bukele ha intensificado los esfuerzos para combatir a las pandillas. No obstante, parte de la opinión pública cree que Bukele y las pandillas han firmado un acuerdo informal.

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Desarrollo económico e innovación

**«El Salvador familias productoras» de la serie «Podemos ser la generación hambre cero».**

«El Salvador familias productoras» de Podemos ser la generación Hambre Cero está bajo una licencia CC0 1.0.

La pandemia desafía la estabilidad económica general en El Salvador, donde se ha registrado una caída significativa de las remesas desde la implementación de las medidas de cuarentena por el gobierno. El aumento del desempleo en los sectores formal e informal de la economía y la inseguridad alimentaria de las comunidades marginadas ponen en jaque al crecimiento y la innovación en el país.

Luego de posponer varias veces el plan de reapertura económica debido al aumento en el número de casos confirmados de COVID-19, El Salvador reabrió su economía el 24 de agosto.
Dentro de un plan de apoyo económico, el presidente anunció un subsidio de US$300 para los salvadoreños afectados por el COVID-19, que no excedieran ciertos consumos de energía. Sin embargo, muchos ciudadanos no recibieron apoyo alguno debido a problemas técnicos en las transferencias o por falta de acceso a Internet para completar la solicitud de asistencia.
El Programa Mundial de Alimentos (PMA) donó US$3 millones al gobierno de El Salvador para asistir a más de 11.500 familias en la cobertura de sus necesidades alimentarias básicas.
Como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia, ha aumentado significativamente el número de deudores que tienen dificultades para pagar sus préstamos. El Banco Central de El Salvador ha establecido normas técnicas temporales para el tratamiento de créditos afectados por COVID-19.
La Asamblea Legislativa aprobó un paquete de medidas de alivio y la emisión de deuda pública por US$2000 millones (aproximadamente el 8% del PBI) para financiar los gastos relacionados con COVID-19 y la recuperación después de 2020. El 30% de los ingresos de la deuda pública se asigna a los municipios, y el 70% restante se destina a fundaciones.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) proporcionó a El Salvador asistencia financiera de emergencia por aproximadamente US$389 millones. Es la primera vez en más de 30 años que el FMI aprueba un desembolso para El Salvador.
La economía de El Salvador, mayoritariamente informal (estimada en 73% de la población económica activa), plantea preocupaciones sobre el aumento de la pobreza y la desigualdad en el país debido a COVID-19.
Proyecciones establecieron que más de 1.6 millones de salvadoreños se encuentran en riesgo de caer por debajo de la línea de pobreza, lo que podría significar un aumento del 33.7% al 51.4% en los niveles de pobreza.
El Instituto Salvadoreño de Seguro Social ha reportado una caída de 2.1% de los trabajadores registrados en los sectores públicos y privados de la economía en medio de la crisis.
Debido al aumento de los niveles de desempleo en los Estados Unidos, las remesas a El Salvador experimentaron una caída importante. En abril de 2020, habían caído un 40% en comparación con abril de 2019.
Se espera que la economía de El Salvador se contraiga ~~un 8.5% en~~en 2020. El Gobierno de El Salvador estima que debido a la pandemia las pérdidas fiscales para finales de 2020 serán de US$990 millones.
La tormenta Amanda en junio y el huracán Eta en noviembre dañaron más de 30.000 hogares, exacerbando las ya devastadoras consecuencias económicas y sociales de la pandemia.
El Banco Central aprobó medidas temporales relacionadas con una moratoria dispuesta en respuesta al COVID-19, para mitigar sus impactos en el sistema financiero.

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Inclusión social y cultural

**Un campo salvadoreño.**

«El Salvador familias productoras» de Podemos ser la generación Hambre Cero está bajo una licencia CC0 1.0.

Consecuencia de la pandemia de COVID-19, El Salvador enfrenta serios desafíos, como la violencia de género –especialmente a través del acoso cibernético– y la inseguridad alimentaria –particularmente de las comunidades indígenas rurales como los náhuatl. Organizaciones sociales buscan proporcionar seguridad y acceso a recursos cruciales para estas comunidades rurales e indígenas.

La pandemia ha provocado un aumento de la violencia de género contra las mujeres, particularmente de la violencia doméstica. Sólo entre el 17 y el 22 de marzo, más de 200 denuncias de violencia fueron reportadas.
En los dos primeros meses de la pandemia ha habido un incremento del 30% en llamadas a la policía por violencia doméstica que en el mismo bimestre de 2019.
El aumento en las muertes en el hogar de pacientes sospechosos de COVID-19 ha arrojado luz sobre la debilidad del sistema de salud y los problemas de sobresaturación en los hospitales del país.
La inseguridad alimentaria en las comunidades rurales e indígenas sigue siendo un problema. Los miembros de la comunidad náhuatl luchan con los impactos del hambre agravados con la pandemia.
A pesar de la reapertura económica, no hay una fecha fijada para la reapertura educativa. Las escuelas han estado cerradas a las actividades presenciales desde marzo.
Más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado las acciones del gobierno de Bukele para limitar la libertad de prensa y poner en riesgo la seguridad de los periodistas.
Algunos artistas urbanos de San Salvador que se ganan la vida con el acceso a espacios públicos –cerrados por estrictas medidas de cuarentena–, continúan expresando su descontento con el gobierno y los sentimientos de unidad dentro de sus comunidades a través del rap.
Solidaritón, un movimiento sin fines de lucro iniciado en medio de la pandemia, proporcionó recursos como desinfectante de manos, mascarillas, alimentos, ropa y medicamentos para combatir la pandemia.
Centros de salud y hospitales han suspendido las consultas ambulatorias, lo que ha privado de atención y apoyo a pacientes con enfermedades crónicas, a quienes necesitan servicios de planificación familiar, o realizar consultas pre y postnatales, y a quienes desean acceder a servicios de salud mental.
Los médicos salvadoreños que viven fuera del país establecieron un GoFundMe para proporcionar a los médicos de los hospitales del país los suministros médicos necesarios, como máscaras. Algunos integrantes del personal de la salud que denunciaron la insuficiente provisión de elementos de protección enfrentan amenazas, como la suspensión laboral.
Ha habido un 30% más de llamadas a la policía por violencia doméstica en los dos primeros meses de cuarentena de este año que durante el mismo periodo en 2019.
El Ministerio de Salud informó un aumento en las tasas de embarazo adolescente. Durante la cuarentena se informó que casi 3.000 adolescentes están embarazadas.
Las comunidades y organizaciones indígenas han expresado su preocupación por la falta de reconocimiento de los impactos desproporcionados que sobre ellos tiene la pandemia.
La Asociación de Periodistas de El Salvador emitió un comunicado en el que condena las acciones de Bukele durante la pandemia, así como el empeoramiento de las condiciones y los riesgos para la salud que muchos periodistas enfrentan hoy.

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PRIMAVERA 2021

Gobernanza y estado de derecho

El gobierno salvadoreño está trabajando arduamente para promover la vacunación. Las graves condiciones médicas y sociales del país también han atraído la atención generalizada de la comunidad internacional. El Salvador es uno de 18 países a nivel mundial que ha sido seleccionado para participar en la iniciativa “Primera Ola”. Esta iniciativa es un programa piloto global que otorga un número limitado de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech antes de la entrega de la cuota total asignada.

El 28 de febrero de 2021, El Salvador realizó una elección legislativa. El Partido Nuevas Ideas liderado por el presidente Bukele obtuvo la mayoría en el Congreso más grande en la historia del país.
La audiencia sobre el caso de la Masacre de El Mozote, que se pospuso en 2020 debido a la pandemia COVID-19, se llevó a cabo en este abril. Terry Karl, politólogo de la Universidad de Stanford, testificó que en la masacre, el ejército de los Estados Unidos estaba cerca de El Mozote en El Salvador.
Hasta el 30 de abril, El Salvador ha administrado al menos 833,959 dosis de la vacuna de COVID-19 a los residentes del país. Suponiendo que cada persona necesita 2 dosis, basta con vacunar aproximadamente al 6,5% de la población del país.
Según el presidente Bukele, miles del personal médico recibieron la primera dosis del primer lote de vacunas.
El Salvador es uno de los 92 países del mundo que están recibiendo vacunas gratuitamente a través de la Alianza Global para Vacunas e Inmunizaciones (GAVI) del Mecanismo COVAX.
El Salvador también ha sido seleccionado para la iniciativa «Primera Ola», un programa piloto global diseñado para que los países seleccionados puedan recibir unas dosis adicionales de la vacuna Pfizer/BioNTech antes de la cuota total asignada.
El Salvador ha sido seleccionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar ensayos médicos con tres vacunas diferentes.
El presidente Bukele ha recurrido a las redes sociales en múltiples ocasiones para criticar a periodistas, organizaciones civiles y opositores políticos que cuestionan el respeto de los derechos humanos durante la pandemia.
El gobierno salvadoreño ha coartado la libertad de prensa y, adicionalmente, los ataques a periodistas han aumentado durante la pandemia.
Otro motivo de preocupación para las organizaciones civiles y los periodistas ha sido la confiabilidad del reporte de casos de COVID-19, ante un gobierno que rehúsa rendir cuentas.
Periodistas e instituciones, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, han cuestionado la transparencia de los mensajes públicos de Bukele, elaborados en base a datos extraídos de redes sociales.
La Asociación Interamericana de la Prensa afirma que el gobierno salvadoreño es uno de los que más restricciones impone a la libertad de prensa al declarar “estados de excepción” para combatir la propagación de información durante la pandemia.
El Salvador ha abusado del poder policial durante la pandemia de COVID-19. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, exigen que el presidente Bukele deje de reprimir al pueblo.
El gobierno de El Salvador se compromete a fortalecer la capacidad del sistema de salud pública, al actualizar varios centros de salud y establecer nuevos hospitales especializados en COVID-19.

Desarrollo económico e innovación

La pandemia desafía la estabilidad económica general en El Salvador, donde se ha registrado una caída significativa de las remesas desde la implementación de las medidas de cuarentena por el gobierno. El aumento del desempleo en los sectores formal e informal de la economía y la inseguridad alimentaria de las comunidades marginadas ponen en jaque al crecimiento y la innovación en el país. Se espera que el crecimiento económico en 2022 caiga al 2.5%, aunque se esperaba que se recuperara en un 5% en 2021.

Durante la pandemia, debido a la disminución en la capacidad de transporte del canal de Panamá, los ingresos se redujeron considerablemente y El Salvador está experimentando un severo choque comercial.
Se espera que el crecimiento económico de El Salvador en el 2022 caiga en un 2.5%. Se esperaba anteriormente que la economía iba a recuperarse en un 5% en 2021. La economía se contrajo en un 8.7% en el año 2020.
Según Trading Economics, se espera que la tasa de desempleo en El Salvador alcance el 8,00% para fines de 2021.
El Salvador está negociando con el Fondo Monetario Internacional para obtener aproximadamente $1.3 mil millones de dólares de financiamiento a fin de llenar el déficit presupuestario del 2021, 2022 y 2023 y reducir el alto costo de la deuda.
El 26 de abril, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que los Estados Unidos va a proporcionar 310 millones de dólares para abordar la inseguridad alimentaria en Guatemala, Honduras y El Salvador.
El Banco Mundial invirtió $20 millones de dólares para ayudar a El Salvador a prevenir, detectar y responder a la amenaza que representa COVID-19.
El 16 de abril, la Junta Directiva del Banco Mundial aprobó un financiamiento adicional de US $50 millones para ayudar a El Salvador a comprar la vacuna de COVID-19.
Como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia, ha aumentado significativamente el número de deudores que tienen dificultades para pagar sus préstamos. El Banco Central de El Salvador ha establecido normas técnicas temporales para el tratamiento de créditos afectados por COVID-19.
La Asamblea Legislativa aprobó un paquete de medidas de alivio y la emisión de deuda pública por US$2000 millones (aproximadamente el 8% del PBI) para financiar los gastos relacionados con COVID-19 y la recuperación después de 2020. El 30% de los ingresos de la deuda pública se asigna a los municipios, y el 70% restante se destina a fundaciones.
La economía de El Salvador, mayoritariamente informal (estimada en 73% de la población económica activa), plantea preocupaciones sobre el aumento de la pobreza y la desigualdad en el país debido a COVID-19.
Debido al aumento de los niveles de desempleo en los Estados Unidos, las remesas a El Salvador experimentaron una caída importante. En abril de 2020, habían caído un 40% en comparación con abril de 2019.
Los ingresos agrícolas y la reactivación de remesas desde mayo de 2020 han aliviado los impactos negativos de la pandemia y los desastres naturales en El Salvador.
El enorme gasto fiscal ha dificultado la situación financiera de El Salvador, lo que ha provocado un aumento de la deuda pública.

Inclusión social y cultural

Consecuencia de la pandemia de COVID-19, El Salvador enfrenta serios desafíos, como la violencia de género –especialmente a través del acoso cibernético– y la inseguridad alimentaria –particularmente de las comunidades indígenas rurales como los náhuatl. Organizaciones sociales buscan proporcionar seguridad y acceso a recursos cruciales para estas comunidades rurales e indígenas.

En enero del 2021, debido a otro brote de infección de COVID-19, El Salvador suspendió la semana de recuperación de cursos presenciales en el sistema educativo nacional.
El gobierno salvadoreño anunció que, a partir del 6 de abril de 2021, las escuelas reabrirán la enseñanza presencial, pero los detalles específicos del tamaño de clases y el horario no están claros.
El Ministerio de Educación se comprometió a proporcionar a cada alumno del sistema público una computadora para acceder a la clase virtual hasta que sea seguro regresar a las escuelas.
Proyecciones establecieron que más de 1.6 millones de salvadoreños se encuentran en riesgo de caer por debajo de la línea de pobreza, lo que podría significar un aumento del 33.7% al 51.4% en los niveles de pobreza. El Banco Mundial predice que la pobreza en El Salvador seguirá aumentando en 2021.
El aumento en las muertes en el hogar de pacientes sospechosos de COVID-19 ha arrojado luz sobre la debilidad del sistema de salud y los problemas de sobresaturación en los hospitales del país.
La inseguridad alimentaria en las comunidades rurales e indígenas sigue siendo un problema. Los miembros de la comunidad náhuatl luchan con los impactos del hambre agravados con la pandemia.
A pesar de la reapertura económica, no hay una fecha fijada para la reapertura educativa. Las escuelas han estado cerradas a las actividades presenciales desde marzo.
La situación de los derechos humanos en El Salvador es dudosa. Las pandillas reclutan niños por la fuerza y abusan sexualmente de mujeres, niñas, y personas lesbiana, gay, bisexual y transgénero (LGBT+).
Durante la implementación de las medidas de bloqueo, más de 1,600 denuncias por violaciones de derechos humanos, incluidas alrededor de 620 de violencia del derecho a la libertad de circulación, fueron reportadas.
Más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado las acciones del gobierno de Bukele para limitar la libertad de prensa y poner en riesgo la seguridad de los periodistas.
La victoria legislativa de Bukele sigue amenazando la situación de los derechos humanos y la libertad de los medios de comunicación de El Salvador.
El Salvador es propenso a desastres naturales y al cambio climático, incluyendo terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías y tormentas tropicales. El huracán Eta, que azotó El Salvador en noviembre de 2020 ha aumentado las vulnerabilidades del sistema de salud del país.
Ha habido un 30% más de llamadas a la policía por violencia doméstica en los dos primeros meses de cuarentena de este año que durante el mismo periodo en 2019. Los datos del 2021 aún no se han publicado.
La tasa de homicidios en El Salvador ha disminuido desde el año 2019, pero el crimen y la violencia aún amenazan el desarrollo social y el crecimiento económico del país y son uno de los principales factores que impulsan la migración de salvadoreños.
El Ministerio de Salud informó un aumento en las tasas de embarazo adolescente. Durante la cuarentena se informó que casi 3,000 adolescentes están embarazadas.
La pandemia ha hecho la vida de las personas transgénero más difícil, ya que no pueden obtener medicaciones y hormonas durante el bloqueo. Aún antes del COVID-19, tampoco podían obtener la atención médica adecuada y a menudo eran extorsionados la policía y las pandillas.
Muchos trabajadores sexuales, especialmente las mujeres, han perdido sus recursos económicos a causa del bloqueo.

VERANO 2021

Gobernanza y estado de derecho

El gobierno salvadoreño está trabajando arduamente para promover la vacunación. Las graves condiciones médicas y sociales del país también han atraído la atención generalizada de la comunidad internacional.El Salvador es uno de 18 países a nivel mundial que ha sido seleccionado para participar en la iniciativa “Primera Ola”. Esta iniciativa es un programa piloto global que otorga un número limitado de dosis de la vacuna Pfizer/BioNTech antes de la entrega de la cuota total asignada.

El 28 de febrero de 2021, El Salvador realizó una elección legislativa. El Partido Nuevas Ideas liderado por el presidente Bukele obtuvo la mayoría en el Congreso más grande en la historia del país. Desde entonces, su partido ha nombrado a 10 jueces del tribunal, ha votado a favor de prorrogar el mandato del presidente de la Suprema Corte y ha destituido a 5 jueces, lo que ha suscitado dudas sobre la autonomía e imparcialidad del poder judicial.
La audiencia sobre el caso de la Masacre de El Mozote, que se pospuso en 2020 debido a la pandemia COVID-19, se llevó a cabo en este abril. Terry Karl, politólogo de la Universidad de Stanford, testificó que en la masacre, el ejército de los Estados Unidos estaba cerca de El Mozote en El Salvador.
El Departamento de Estado de los Estados Unidos ha publicado la Lista Engel, un informe que identifica a 14 ciudadanos salvadoreños que han participado a sabiendas en actos de corrupción significativa, han socavado los procesos o las instituciones democráticas, o han violado los derechos humanos. Entre estas personas se encuentran miembros anteriores y actuales del gabinete presidencial, asesores del presidente, miembros de la Asamblea Legislativa y Magistrados del Tribunal Supremo Electoral. El ministro del Trabajo, Rolando Castro, que aparece en la lista, ha dicho públicamente que el informe no tiene credibilidad y es irrelevante para la administración de Bukele.
Semanas antes de la publicación de la Lista Engel, la Ministra de Relaciones Exteriores de El Salvador, Alexandra Hill, reiteró el compromiso del gobierno de Bukele de frenar la migración indocumentada, acabando con la corrupción en el país y creando oportunidades laborales en la región durante una reunión del Sistema de Integración Centroamericana.
Hasta el 2 de julio de 2021, El Salvador ha administrado al menos 2,890,503 dosis de la vacuna de COVID-19 a los residentes del país. Suponiendo que cada persona necesita 2 dosis, basta con vacunar aproximadamente al 22.2% de la población del país.
El Salvador es uno de los 92 países del mundo que están recibiendo vacunas gratuitamente a través de la Alianza Global para Vacunas e Inmunizaciones (GAVI) del Mecanismo COVAX.
El Salvador también ha sido seleccionado para la iniciativa «Primera Ola», un programa piloto global diseñado para que los países seleccionados puedan recibir unas dosis adicionales de la vacuna Pfizer/BioNTech antes de la cuota total asignada.
El Salvador ha sido seleccionado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para realizar ensayos médicos con tres vacunas diferentes.
Tanto Estados Unidos como China entregarán cada uno 1.5 millones de dosis de la vacuna COVID-19 a El Salvador durante el mes de julio, demostrando su estrategia de diplomacia de la vacuna.
El presidente Bukele ha recurrido a las redes sociales en múltiples ocasiones para criticar a periodistas, organizaciones civiles y opositores políticos que cuestionan el respeto de los derechos humanos durante la pandemia.
El gobierno salvadoreño ha coartado la libertad de prensa y, adicionalmente, los ataques a periodistas han aumentado durante la pandemia. El gobierno incluso ha admitido que vigila sistemáticamente a la prensa independiente.
Otro motivo de preocupación para las organizaciones civiles y los periodistas ha sido la confiabilidad del reporte de casos de COVID-19, ante un gobierno que rehúsa rendir cuentas.
Periodistas e instituciones, como la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos de El Salvador, han cuestionado la transparencia de los mensajes públicos de Bukele, elaborados en base a datos extraídos de redes sociales.
La Asociación Interamericana de la Prensa afirma que el gobierno salvadoreño es uno de los que más restricciones impone a la libertad de prensa al declarar “estados de excepción” para combatir la propagación de información durante la pandemia.
El Salvador ha abusado del poder policial durante la pandemia de COVID-19. Organizaciones de derechos humanos, como Amnistía Internacional, exigen que el presidente Bukele deje de reprimir al pueblo.
El gobierno de El Salvador se compromete a fortalecer la capacidad del sistema de salud pública, al actualizar varios centros de salud y establecer nuevos hospitales especializados en COVID-19.

Desarrollo económico e innovación

La pandemia desafía la estabilidad económica general en El Salvador, donde se ha registrado una caída significativa de las remesas desde la implementación de las medidas de cuarentena por el gobierno. El aumento del desempleo en los sectores formal e informal de la economía y la inseguridad alimentaria de las comunidades marginadas ponen en jaque al crecimiento y la innovación en el país. Se espera que el crecimiento económico en 2022 caiga al 2.5%, aunque se esperaba que se recuperara en un 5% en 2021.

Durante la pandemia, debido a la disminución en la capacidad de transporte del canal de Panamá, los ingresos se redujeron considerablemente y El Salvador está experimentando un severo choque comercial.
Se espera que el crecimiento económico de El Salvador en el 2022 caiga en un 2.5%. Se esperaba anteriormente que la economía iba a recuperarse en un 5% en 2021. La economía se contrajo en un 8.7% en el año 2020.
Según Trading Economics, se espera que la tasa de desempleo en El Salvador alcance el 8,00% para fines de 2021.
El Salvador está negociando con el Fondo Monetario Internacional para obtener aproximadamente $1.3 mil millones de dólares de financiamiento a fin de llenar el déficit presupuestario del 2021, 2022 y 2023 y reducir el alto costo de la deuda.
El Salvador se ha convertido en el primer país del mundo en aprobar el bitcoin como moneda de curso legal, con la intención de simplificar el proceso de envío de remesas al país. Esta decisión ha generado preocupación por las negociaciones inconclusas con el FMI, así como por la capacidad del Estado para recaudar impuestos en el futuro. El Banco Mundial ha anunciado que no ayudará a El Salvador en su implementación del bitcoin como moneda oficial.
El 26 de abril, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, anunció que los Estados Unidos va a proporcionar 310 millones de dólares para abordar la inseguridad alimentaria en Guatemala, Honduras y El Salvador.
El Banco Mundial invirtió $20 millones de dólares para ayudar a El Salvador a prevenir, detectar y responder a la amenaza que representa COVID-19.
El 16 de abril, la Junta Directiva del Banco Mundial aprobó un financiamiento adicional de US $50 millones para ayudar a El Salvador a comprar la vacuna de COVID-19.
Como consecuencia de la crisis económica provocada por la pandemia, ha aumentado significativamente el número de deudores que tienen dificultades para pagar sus préstamos. El Banco Central de El Salvador ha establecido normas técnicas temporales para el tratamiento de créditos afectados por COVID-19.
La Asamblea Legislativa aprobó un paquete de medidas de alivio y la emisión de deuda pública por US$2000 millones (aproximadamente el 8% del PBI) para financiar los gastos relacionados con COVID-19 y la recuperación después de 2020. El 30% de los ingresos de la deuda pública se asigna a los municipios, y el 70% restante se destina a fundaciones.
La economía de El Salvador, mayoritariamente informal (estimada en 73% de la población económica activa), plantea preocupaciones sobre el aumento de la pobreza y la desigualdad en el país debido a COVID-19.
El Presidente Nayib Bukele ha solicitado un aumento del 20% del salario mínimo a partir de agosto de 2021, pero aún no ha presentado planes tangibles para ayudar a subsidiar a las PYME, como prometió.
Debido al aumento de los niveles de desempleo en los Estados Unidos, las remesas a El Salvador experimentaron una caída importante. En abril de 2020, habían caído un 40% en comparación con abril de 2019.
Los ingresos agrícolas y la reactivación de remesas desde mayo de 2020 han aliviado los impactos negativos de la pandemia y los desastres naturales en El Salvador.
El enorme gasto fiscal ha dificultado la situación financiera de El Salvador, lo que ha provocado un aumento de la deuda pública.

Inclusión social y cultural

Consecuencia de la pandemia de COVID-19, El Salvador enfrenta serios desafíos, como la violencia de género –especialmente a través del acoso cibernético– y la inseguridad alimentaria –particularmente de las comunidades indígenas rurales como los náhuatl. Organizaciones sociales buscan proporcionar seguridad y acceso a recursos cruciales para estas comunidades rurales e indígenas.

En enero del 2021, debido a otro brote de infección de COVID-19, El Salvador suspendió la semana de recuperación de cursos presenciales en el sistema educativo nacional.
El gobierno salvadoreño anunció que, a partir del 6 de abril de 2021, las escuelas reabrirán la enseñanza presencial, pero los detalles específicos del tamaño de clases y el horario no están claros.
El Salvador ocupa actualmente el puesto 58 de los 65 países evaluados por el Índice de Desarrollo de la Banda Ancha. También ocupa el puesto 60 de 65 países en cuanto a infraestructura digital, lo que pone a muchos estudiantes en riesgo de no tener acceso a clases virtuales.
El Ministerio de Educación se comprometió a proporcionar a cada alumno del sistema público una computadora para acceder a la clase virtual hasta que sea seguro regresar a las escuelas.
La Asamblea Legislativa ha votado a favor de un nuevo modelo educativo denominado «Mi nueva escuela», para el que se invertirán 200 millones de dólares tanto en mejoras de infraestructura como en desarrollos metodológicos.
Proyecciones establecieron que más de 1.6 millones de salvadoreños se encuentran en riesgo de caer por debajo de la línea de pobreza, lo que podría significar un aumento del 33.7% al 51.4% en los niveles de pobreza. El Banco Mundial predice que la pobreza en El Salvador seguirá aumentando en 2021.
El aumento en las muertes en el hogar de pacientes sospechosos de COVID-19 ha arrojado luz sobre la debilidad del sistema de salud y los problemas de sobresaturación en los hospitales del país.
La inseguridad alimentaria en las comunidades rurales e indígenas sigue siendo un problema. Los miembros de la comunidad náhuatl luchan con los impactos del hambre agravados con la pandemia.
A pesar de la reapertura económica, no hay una fecha fijada para la reapertura educativa. Las escuelas han estado cerradas a las actividades presenciales desde marzo.
La situación de los derechos humanos en El Salvador es dudosa. Las pandillas reclutan niños por la fuerza y abusan sexualmente de mujeres, niñas, y personas lesbiana, gay, bisexual y transgénero (LGBT+).
Durante la implementación de las medidas de bloqueo, más de 1,600 denuncias por violaciones de derechos humanos, incluidas alrededor de 620 de violencia del derecho a la libertad de circulación, fueron reportadas.
Más de 100 organizaciones defensoras de derechos humanos han denunciado las acciones del gobierno de Bukele para limitar la libertad de prensa y poner en riesgo la seguridad de los periodistas.
La victoria legislativa de Bukele sigue amenazando la situación de los derechos humanos y la libertad de los medios de comunicación de El Salvador.
Los casos de agresión y violencia contra periodistas se han duplicado en el primer trimestre de 2021 en comparación con el primer trimestre de 2020.
El Salvador es propenso a desastres naturales y al cambio climático, incluyendo terremotos, erupciones volcánicas, inundaciones, sequías y tormentas tropicales. El huracán Eta, que azotó El Salvador en noviembre de 2020 ha aumentado las vulnerabilidades del sistema de salud del país.
Ha habido un 30% más de llamadas a la policía por violencia doméstica en los dos primeros meses de cuarentena de este año que durante el mismo periodo en 2019. Los datos del 2021 aún no se han publicado.
La tasa de homicidios en El Salvador ha disminuido desde el año 2019, pero el crimen y la violencia aún amenazan el desarrollo social y el crecimiento económico del país y son uno de los principales factores que impulsan la migración de salvadoreños.
El Ministerio de Salud informó un aumento en las tasas de embarazo adolescente. Durante la cuarentena se informó que casi 3,000 adolescentes están embarazadas.
La pandemia ha hecho la vida de las personas transgénero más difícil, ya que no pueden obtener medicaciones y hormonas durante el bloqueo. Aún antes del COVID-19, tampoco podían obtener la atención médica adecuada y a menudo eran extorsionados la policía y las pandillas.
Muchos trabajadores sexuales, especialmente las mujeres, han perdido sus recursos económicos a causa del bloqueo.

OTOÑO 2021

Gobernanza y estado de derecho

El Presidente Bukele ha continuado su agresiva campaña de vacunación para controlar la pandemia. El país ha sido unos de los primeros en ofrecer una dosis booster y vacunación para los niños entre seis y once años en Latinoamérica, la cual no ha aprobado oficialmente la OMS.

El gobierno salvadoreño ha registrado dos días sin muertes por COVID-19 en el último mes. Los casos han ido disminuyendo a lo largo de finales de 2021.
El gobierno puso fin a un requisito de que los viajeros tengan una prueba de COVID-19 negativa y una tarjeta de vacunación para ingresar al país.
Estados Unidos ha pausado las relaciones diplomáticas con El Salvador a fines de noviembre debido a las frecuentes críticas del presidente Bukele.
Más de cuatro millones de Salvadoreños se han puesto al menos una dosis de la vacuna, representando aproximadamente el 63% de la población. Hay más de 160 centros de vacunación en el país.
Sin embargo, en Octubre el país tuvo el mayor número de muertes por COVID en un mes desde el inicio de la pandemia, 384.
Una tercera dosis de la vacuna se comenzó a ofrecer a finales de Septiembre mientras que se comenzó a ofrecer la vacuna a los niños entre los 6 y 11 años.
El gobierno recibió una donación de 310.950 vacunas, incluyendo 188.370 proveniente los Estados Unidos.
El congreso ha aprobado una ley de amnistía de deudas de los impuestos. La ley permite que los deudores tengan 60 días más para pagar sin acarrear multas adicionales.
En mayo, la USAID informó que van a reorientar los fondos estadounidenses hacia las ONG en vez del gobierno salvadoreño para promover la transparencia, citando preocupaciones sobre la independencia judicial.
El congreso ha aprobado una ley que permite el despido de jueces y fiscales que tienen más de 60 años de edad la cual puede afectar a 200 de los 700 jueces en el sistema judicial.
El gobierno destituyó al juez encargado de investigar la masacre del Mozote en 1981, obstruyendo así la investigación.
El presidente Bukele fue percibido como el que manejó la pandemia de la manera más hábil en comparación con otros líderes políticos centroamericanos en una encuesta de CID Gallup.

Desarrollo económico e innovación

Se empezó a usar bitcoin como moneda legal, lo cual ha creado mucha incertidumbre y controversia en la economía salvadoreña. Se enfrentan desafíos en la repartición, la tecnología y el aprendizaje del uso en la población. Este fue el primer intento en el uso de bitcoin como moneda legal. Hasta el día de hoy no ha tenido el éxito esperado, provocando manifestaciones contra el gobierno.

El gobierno salvadoreño continúa comprando reservas de Bitcoin. A finales de noviembre, el banco central compró 100 monedas más a $54.552,20 cada una. Hasta la fecha, el gobierno ha gastado aproximadamente $95 millones en bitcoin
El gobierno de Estados Unidos ha liderado una iniciativa para inyectar inversiones del sector privado en los países del Triángulo del Norte. Se está alentando a las grandes corporaciones estadounidenses a comprometerse con proyectos de inversión a largo plazo en varios países. El Salvador comenzará a exportar café a la compañía estadounidense Nespresso. Este proyecto es un estímulo económico muy necesario a medida que la región continúa recuperándose de la pandemia.
Tras el reconocimiento salvadoreño de la República Popular China, el gobierno chino ha prometido donar un estadio y una biblioteca nacional. Se estima que las edificaciones costarán $ 54 millones. La construcción reinició recientemente luego de haber sido suspendida por la pandemia.
El bitcoin es la moneda legal desde el 7 de septiembre. Aunque ha sido popular en los Estados Unidos durante la pandemia, no ha sido bien recibido en El Salvador teniendo en cuenta la recesión económica.
El gobierno desarrolló una aplicación llamada Chivo que pretende ser una ‘billetera digital’. El gobierno prometió que cada persona que descargara la aplicación recibiría $30 en bitcoin.
En Octubre, el gobierno tuvo éxito en crear una fracción de bitcoin usando energía geotérmica de un volcán. El presidente Bukele lo celebró como un logro de las criptomonedas ecológicas.
Después de un mes en funcionamiento, el presidente Bukele informó que más de tres millones de personas han descargado la aplicación Chivo. Sin embargo, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social dijo que se usa bitcoin en solo 12 por ciento de las transacciones.
La economía salvadoreña ha creció en un 24.5% en el segundo trimestre.
Las remesas, para las que la administración pretendía que la gente usara bitcoin, han sido más altas de lo esperado durante la pandemia. La mayoría de las remesas se envían con transferencias de efectivo.
El FMI ha declarado públicamente que El Salvador debería reconsiderar sus políticas económicas, especialmente con respecto al bitcoin, para continuar las negociaciones para un paquete de alivio financiero.

Inclusión social y cultural

El Presidente Bukele, a quien se describe como un populista de derecha, no ha hecho mucho para impulsar la inclusión social y cultural desde su elección en febrero. Junto con las manifestaciones contra el bitcoin, han ocurrido manifestaciones por los derechos de las mujeres y contra la violencia de género.

La asamblea legislativa prohibió manifestaciones para controlar el COVID aunque hizo . excepción para actividades culturales, artísticas y deportivas.
La desinformación ha sido clave durante toda la pandemia, especialmente porque las fuentes en el país producen mucha desinformación. El gobierno de Bukele ha propuesto leyes para criminalizar la producción.
El acceso equitativo a la vacuna sigue siendo un desafío para El Salvador. En la asamblea de las Naciones Unidas, el representante de El Salvador enfatizó la importancia de vacunar a los inmigrantes.
El uso de bitcoin ha creado tensión en la población y se han producido manifestaciones en San Salvador.
El aborto todavía es ilegal, y siguen las manifestaciones para que la asamblea legislativa lo haga despenalizado.
También el matrimonio de las personas LGBT queda ilegal, y el presidente Bukele dijo que no se va a considerar en las reformas constitucionales.
Dos ex presidentes, Alfredo Cristiani y Fransisco Flores, fueron nombrados en los papeles Pandora, contribuyendo a la historia de corrupción en la región.
La violencia de género y los femicidios continúan y experimentaron un aumento del 15% entre julio y agosto. El fiscal general creó una unidad especializada para atender estos crímenes. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos nombró a El Salvador como el país más inseguro para las mujeres en América Latina en un informe reciente.

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