OTOÑO 2021

Gobernanza y estado de derecho

**Activistas pro-Bolsonaro en Brasilia.**

«_MG_0152» de alessandro dias está bajo una licencia CC BY-NC-ND 2.0.

La campaña de vacunación de Brasil ha tenido un gran éxito, lo que ha dado lugar a un importante descenso de los casos y las muertes por COVID-19. Las tensiones entre el presidente Bolsonaro, las autoridades sanitarias y los tribunales han continuado, más recientemente en relación con los requisitos de vacunación y la continua desinformación sobre el COVID-19. Una investigación del Senado en octubre acusó al presidente Bolsonaro y a sus políticas de ser responsables de más de la mitad de las muertes por COVID-19 en el país.

La campaña de vacunación de Brasil sigue avanzando, ya que el 77% de los brasileños ha recibido una dosis y el 65% de la población está totalmente vacunada. Las dosis de refuerzo están disponibles para cualquier persona mayor de 18 años. La ciudad de Sāo Paulo ha alcanzado un hito al anunciar que ha vacunado completamente a todos los adultos. La ciudad servirá así de estudio de caso real de la eficacia de las vacunas contra la variante Omicron en un entorno urbano.
La campaña de vacunación del país ha tenido un gran éxito a pesar de enfrentarse a numerosos desafíos, como el bajo suministro inicial de vacunas, la corrupción del gobierno en relación con la adquisición de vacunas y el continuo lenguaje anti-vacunación del presidente Jair Bolsonaro. Él sigue manteniendo que no se vacunará, lo que crea la preocupación de que las acciones y la retórica de Bolsonaro acaben creando un sentimiento antivacunación a largo plazo en un país que históricamente ha apoyado mucho a las vacunas y tiene uno de los mejores programas de inmunización a nivel mundial.
Brasil está en proceso de aprobación y definición de protocolos para la vacunación de niños. En la actualidad, sólo se puede vacunar a los niños de 12 años o más. Pfizer solicitó la aprobación en noviembre para niños de 5 a 11 años y Sinovac ha solicitado dos veces la aprobación para niños de 3 a 17 años. La agencia reguladora de Brasil, Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), ha solicitado información adicional sobre Sinovac que debería estar disponible en enero de 2022
Brasil alcanzó una marca solemne a principios de octubre de 2021, ya que ha registrado más de 600.000 muertes relacionadas con el COVID-19, situándose en segundo lugar después de Estados Unidos. Debido al aumento de la vacunación, la tasa de mortalidad del país ha disminuido a los niveles más bajos desde abril de 2020. Sin embargo, la variante Omicron y la oposición del presidente Bolsonaro a los mandatos sanitarios pueden deshacer los avances que ha hecho el país en la contención del virus.
En respuesta a la variante Omicron, Brasil ha cerrado sus fronteras a varias naciones del sur de África. Además, un juez del Tribunal Supremo dictaminó recientemente que la propuesta del gobierno de una cuarentena obligatoria para los viajeros supone un riesgo para la salud de los brasileños, y el país debe exigir a los turistas que muestren una prueba de vacunación para poder entrar. No está claro cuándo se producirá este cambio, pero llega después de que las autoridades sanitarias expresaran su preocupación por que Brasil se convierta en un refugio para los turistas no vacunados.
La aplicación Conecte SUS proporciona a los brasileños una prueba digital de vacunación, que ahora se exige en más de 240 ciudades para entrar en establecimientos comerciales y participar en determinadas actividades. Gobiernos municipales y estatales en Brasil tienen la autoridad para establecer sus propias medidas sanitarias para combatir la pandemia de COVID-19, lo que ha llevado a la tensión con Presidente Bolsonaro. Ha propuesto presentar al Congreso una Medida Provisional que propone que sólo el gobierno federal pueda establecer la vacunación obligatoria.

El sitio web del Ministerio de Salud fue pirateado el 10 de diciembre, afectando a varios sistemas, incluidos los que proporcionan pruebas de vacunación y la información sobre los casos y muertes por COVID-19 en Brasil. Al cabo de varios días, el Ministerio informó de que había recuperado toda la información que faltaba y que los piratas informáticos no habían accedido a datos confidenciales.
Una Comisión de Investigación del Senado que comenzó en abril para investigar la gestión gubernamental de la pandemia ha recomendado que se acuse al presidente Bolsanaro de crímenes contra la humanidad, afirmando que es responsable de más de la mitad de las más de 600.000 muertes por COVID-19 en el país. Entre las acusaciones del informe se encuentran que el presidente Bolsonaro promovió remedios ineficaces para el COVID-19; permitió que el coronavirus recorriera intencionadamente el país en un intento de crear inmunidad de rebaño y proteger la economía brasileña; y que eligió deliberada y conscientemente retrasar la compra de vacunas contra el COVID-19. El informe final de la Comisión fue aprobado en una votación el 26 de octubre, recomendando que el presidente sea investigado y acusado junto con otras 77 personas involucradas en la respuesta del gobierno a la pandemia.
Sigue siendo poco probable que Bolsonaro se enfrente a cargos o sea sometido a un juicio político como resultado de la Comisión, ya que el Fiscal General y miembros clave del Congreso siguen siendo sus aliados. Sin embargo, la investigación tiene el potencial de impactar en las elecciones presidenciales de octubre de 2022; el presidente Bolsonaro estaba registrando índices de aprobación históricamente bajos antes de la publicación del informe debido a la creciente inflación y a su respuesta a la pandemia. Aunque el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva no ha anunciado oficialmente su candidatura, es el candidato más probable de la izquierda. Las encuestas le muestran actualmente ganando fácilmente a Bolsonaro
El COVID-19 ha tenido un gran impacto en la democracia de Brasil, ya que el país se ha polarizado aún más bajo el liderazgo del presidente Bolsonaro y su mala gestión de la pandemia. Preocupa que no haya un traspaso de poder ordenado en 2022, ya que el presidente Bolsonaro ha utilizado un discurso antidemocrático, ha atacado a las instituciones, incluyendo el sistema electoral y el Tribunal Supremo, y ha mantenido una estrecha relación con las fuerzas armadas.
La desinformación está amenazando la democracia brasileña, ya que las empresas de redes sociales, los tribunales y el presidente Bolsonaro se enfrentan en cuanto a la regulación de las noticias falsas sin ahogar la libertad de expresión. El presidente Bolsonaro ha utilizado las redes sociales para difundir información errónea durante toda la pandemia y para sembrar dudas sobre el sistema electoral del país. El Tribunal Supremo ha ordenado una investigación sobre un vídeo de octubre del presidente Bolsonaro en el que afirmaba falsamente que las vacunas COVID-19 están relacionadas con un mayor riesgo de contraer el VIH.

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Desarrollo económico e innovación

**Manifestantes protestan contra la desigualdad económica en el Congreso Nacional.**

«Congresso Nacional. Brasília/DF. Brasil» de enagumo está bajo una licencia CC BY 2.0.

Según una reciente evaluación del Fondo Monetario Internacional, la economía de Brasil volvió a los niveles anteriores a la pandemia durante el primer trimestre de 2021, y se espera que experimente un crecimiento del 5,3% del PIB real en 2021. Sin embargo, el gobierno brasileño todavía se enfrenta al reto de enfrentar los altos niveles de desempleo y el aumento de la inflación, al mismo tiempo que intenta impulsar la productividad económica y fortalecer la red de seguridad social para mitigar los efectos del COVID-19 en la economía.

El Fondo Monetario Internacional (FMI), emitió una evaluación en septiembre, en la cual declaró que la economía de Brasil volvió a los niveles anteriores a la pandemia durante el primer trimestre de 2021 y proyectó que el Producto Interno Bruto (PIB) real crecerá un 5,3% en 2021. La evaluación elogia la estrategia económica de respuesta de Brasil al COVID-19, pero también reconoce que el COVID-19 ha exacerbado los desafíos existentes para el crecimiento económico y la inclusión socioeconómica. Ahora, el país vive una recesión técnica, con una contracción del 0,1% del PIB durante el segundo trimestre, tras la cual el crecimiento económico se estancó, impulsado principalmente por una caída del 8% en la agricultura. Según el FMI, las políticas futuras deberían centrarse en aumentar la productividad laboral y el crecimiento impulsado por el sector privado, reforzar la red de seguridad social y abordar la creciente inflación.
Al igual que los países de la región que luchan por reducir la inflación, el Banco Central do Brasil (BCB) sigue subiendo las tasas de interés en octubre, el BCB subio el tipo al 7,75% y se espera que el tipo suba al 9,25% a finales de 2021. Los economistas esperan que la economía crezca aproximadamente entre el 4,5% y el 4,8% a finales de 2021. Mientras tanto, los efectos negativos del variante Omicron en la economía combinados con el aumento de los precios de los productos básicos, el aumento del desempleo (actualmente en el 12%) y la inflación (10,7%) afectará más a los sectores vulnerables de la población, ya que el precio de los bienes y servicios esenciales sigue aumentando.
Bolsonaro ha sugerido la privatización de la petrolera estatal Petrobras en un intento de hacer frente a las consecuencias políticas del aumento de los precios de los combustibles que ha provocado malestar entre los brasileños. A pesar de la polémica, Petrobras ha declarado que mantendrá su actual política de precios, el cual fija los precios de sus combustibles en función de los precios del mercado internacional, independientemente de cualquier influencia del gobierno. El ministro de Economía, Paulo Guedes, se declaró recientemente partidario de la privatización de Petrobras, sugiriendo que los ingresos de la venta podrían utilizarse para reducir la pobreza.
Durante la primera semana de diciembre, el Senado aprobó una enmienda constitucional para flexibilizar el límite de gasto presupuestario. Esta enmienda permitirá al gobierno gastar R $106 mil millones adicionales en 2022, lo que permitirá a Bolsonaro cumplir su promesa de aumentar el gasto en asistencia social mediante la financiación del recién creado programa Auxilio Brasil. Se estima que este nuevo programa que pretende llegar a 17 millones de familias costará R $85 mil millones al año.
Aunque los senadores de la oposición reconocen la importancia de proporcionar asistencia, especialmente dado el efecto desproporcionado que el COVID-19 ha tenido en ciertos sectores de la población brasileña, muchos critican el aumento del gasto social como un empeño de Bolsonaro por aumentar su popularidad de cara a las elecciones presidenciales del próximo año. Además, a los inversores les preocupa que la medida alimente la ya elevada inflación y aumente la deuda.
Bolsonaro ha emitido una Medida Provisional que permite ajustes en la ley de comercio internacional con el fin de impulsar la competitividad internacional de las empresas exportadoras brasileñas que se han visto afectadas por la disminución del comercio debido al COVID-19. La Medida Provisional amplía los criterios de exención, reducción o suspensión de impuestos para quienes utilicen regímenes especiales de devolución.
El Banco Mundial clasificó a Brasil como el séptimo país en el Índice de Madurez GovTech, superando al resto de América Latina, Estados Unidos y Canadá. El índice evalúa diferentes áreas de la transformación digital en el sector público, incluyendo la prestación de servicios públicos, la participación de los ciudadanos, los capacitadores y los sistemas centrales del gobierno. Brasil ocupa un lugar destacado en las dos últimas categorías debido a su compromiso con el desarrollo del sitio web gov.br, que desempeñó un papel crucial durante el COVID-19 al proporcionar acceso a los servicios públicos digitales.
El 21 de septiembre, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) anunció su selección de Argentina y Brasil como centros de producción y desarrollo de vacunas basadas en ARN mensajero. En Brasil, el Instituto Bio-Manguinhos de Tecnología Inmunobiológica de la Fundación Oswaldo Cruz (FIOCRUZ) fue seleccionado por su trabajo previo en el desarrollo de vacunas. Como parte de la propuesta presentada a la OPS, Bio-Manguinhos se comprometió a compartir su experiencia con otros laboratorios para aumentar la capacidad productiva general de la región.
La OPS proporcionará a Bio-Manguinhos acceso a expertos internacionales con diversas experiencias en el desarrollo y la producción de vacunas. En octubre, FIOCRUZ recibió cinco lotes de ingredientes farmacéuticos activos que permitirán la producción de 27,2 millones de dosis de la vacuna de AstraZeneca, además de que ya hay 15,3 millones de dosis en control de calidad en Bio-Manguinhos. Los estados y territorios miembros de la OPS tendrán acceso a la vacúna a través del Fondo Rotatorio de la OPS.
En agosto de 2021, Pfizer-BioNTech anunció que había firmado un acuerdo con la empresa biofarmacéutica brasileña Eurofarma Laboratórios SA para producir la vacuna COVID-19 COMIRNATY. La instalación de los equipos, la transferencia de la tecnología de la vacuna y el desarrollo in situ de la vacuna de ARN mensajero comenzarán inmediatamente y Pfizer espera que se produzcan más de 100 millones de dosis al año a partir de 2022.
La temporada de cruceros en Brasil comenzó el 5 de noviembre y se espera que el país reciba 107 itinerarios y 392 escalas durante la temporada de verano. Se espera que el retorno de los cruceros entre los meses de noviembre de 2021 a abril de 2022 supere las cifras anteriores al COVID-19, generando aproximadamente 24 mil puestos de trabajo, e inyectando alrededor de R$ 1,7 mil millones en la economía. El protocolo sanitario publicado por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (ANVISA) exige la vacunación obligatoria de los pasajeros y los miembros de la tripulación (siempre que sean elegibles para la vacunación), el uso obligatorio de mascarillas a bordo, la realización de pruebas diarias de al menos el 10% de los miembros de la tripulación y el 10% de los pasajeros, el distanciamiento social de 1,5 metros entre grupos de pasajeros y una capacidad máxima del 75% para cada buque.
Según los datos recopilados por el Registro General de Empleados y Desempleados (CAGED) y publicados por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, se han creado más de 2,6 millones de empleos formales desde el inicio de 2021. El mes de octubre registró un total de 253.083 nuevos empleos con contrato formal, a través de 5 sectores y las 5 regiones. El mayor número de nuevos puestos de trabajo en octubre se registró en el sector de servicios, lo que indica la importancia de los sectores de servicios y turismo, especialmente ahora ya que la temporada de verano inicio.

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Inclusión social y cultural

**Rocinha, la favela más grande de Brasil.**

«Rocinha Favela Tour» de Daytours4u está bajo una licencia CC BY 2.0.

El COVID-19 ha agravado las disparidades socioeconómicas, regionales y raciales preexistentes en la sociedad brasileña. El gobierno ha respondido con programas de bienestar social, pero su gestión de la pandemia ha sido criticada por exacerbar los impactos negativos, especialmente entre la comunidad LGBT, las mujeres y las personas de color. En particular, algunos han pedido que se acuse al presidente Bolsonaro de genocidio de las poblaciones indígenas en la reciente investigación del Senado sobre la respuesta del gobierno al COVID-19.

El 8 de noviembre, Auxilio Brasil sustituyó a Bolsa Familia y a otros programas de salud, educación, empleo e ingresos. Auxilio Brasil pretende ampliar los beneficios de Bolsa Familia incluyendo a más familias que viven en la pobreza, así como proporcionar beneficios a las mujeres embarazadas y a las familias que viven con niños hasta los 21 años. El nuevo programa pretende que el proceso de recepción de las prestaciones sea más transparente que en el anterior programa Bolsa Familia, aunque muchos creen que el presidente Bolsonaro ha introducido este plan en un intento de reforzar su tambaleante popularidad de cara a las elecciones de 2022.
El gobierno también aprobó el programa Alimenta Brasil que sustituye al programa Aquisição de Alimentos (PAA). Alimenta Brasil pretende ayudar a los agricultores familiares fomentando la producción de los campesinos y promoviendo el acceso a los alimentos de las familias vulnerables. Ambos programas, Auxilio Brasil y Alimenta Brasil, proporcionarán a las familias de todo el país la ayuda económica y nutricional necesaria a medida que el país comienza a cambiar a las condiciones posteriores al COVID-19.
El COVID-19 ha profundizado la inseguridad alimentaria de millones de brasileños, creando lo que los expertos llaman una epidemia de hambre en el país. 19 millones de brasileños sufren actualmente de inseguridad alimentaria. Esta situación no se distribuye de forma equitativa entre la población brasileña, ya que afecta principalmente a los hogares de raza negra y parda encabezados por mujeres en el norte y el noreste de Brasil. La prolongada sequía del país, la pandemia y el aumento de la inflación, han contribuido a esta situación.
La vuelta a las clases presenciales ha dividido a expertos en educación, padres y políticos en Brasil. Algunos consideran que no es seguro volver a las clases debido al esquema de vacunación incompleto de Brasil y a la falta de distanciamiento social, mientras que otros señalan el impacto desproporcionado que la enseñanza a distancia ha tenido en los estudiantes de bajos ingresos. Río de Janeiro, Sāo Paulo, el Distrito Federal y muchos otros estados han ordenado la vuelta a las clases presenciales, mientras que algunos continúan con las clases híbridas.
El COVID-19 y la suspensión de las clases presenciales han afectado a niños de todas las edades. Los niños de 6 años o menos se han visto privados de estímulos que ayudan a desarrollar estructuras neurológicas cruciales, lo que ha dificultado el desarrollo vital de las habilidades cognitivas, motoras, sociales y lingüísticas en los primeros 6 años de la infancia. Los niños y adolescentes se han enfrentado a problemas de salud mental, desarrollo social y habilidades relacionales. Además, el COVID-19 también ha creado problemas adicionales para los niños con discapacidades físicas y de aprendizaje.
El presidente Bolsonaro ha vetado un plan para distribuir productos menstruales gratuitos a niñas y mujeres en situación de vulnerabilidad social, ya que el gobierno alega que no pueden pagar tanto las vacunas como los productos sanitarios. Esta medida, que el Congreso podría votar a favor, habría sido una forma de dar cuenta del empeoramiento de la desigualdad social causada por el COVID-19 y de fomentar la asistencia a la escuela, ya que se estima que una de cada cuatro niñas falta la escuela por no poder pagar los productos sanitarios.
Siguiendo una tendencia en toda América Latina, la pandemia ha exacerbado la violencia de los hombres contra las mujeres, ya que Brasil registró una incidencia por minuto en 2020. Esta tendencia se debe a múltiples factores, como el aumento del tiempo que las mujeres pasan en el entorno doméstico con los hombres, la dificultad de las mujeres para acceder a los servicios y el aumento de la vulnerabilidad económica y el desempleo de las mujeres. Las mujeres negras se ven afectadas de forma desproporcionada, componiendo el 61,8% de todos los casos, lo que demuestra la necesidad de políticas y servicios que traten la intersección de raza, clase y género.
Las mujeres negras transgénero son especialmente vulnerables, ya que representan ⅔ de los asesinatos de mujeres transgéners registrados en 2020. Brasil es el líder mundial en el asesinato de mujeres transgéner, y este número aumentó un 45% durante la pandemia. Los activistas señalan la retórica racista, homofóbica y transfóbica del presidente Bolsonaro, así como el hecho de que los espacios para acceder a los servicios de protección, como las comisarías, no son espacios seguros para la comunidad LGBT.
El impacto de la pandemia en la economía ha afectado especialmente a las poblaciones más pobres, entre las que la gente de color está desproporcionadamente representada. Además, la pandemia ha revertido los progresos realizados en el mercado laboral brasileño en cuanto a la desigualdad de género. Las mujeres han abandonado la fuerza de trabajo a un ritmo mayor que los hombres debido al aumento de las tareas de cuidado y a la contracción de sectores que emplean a un gran número de mujeres, como el turismo, la educación y los servicios públicos y domésticos.
La Comisión de Investigación del Senado pidió originalmente que se acusara al presidente Bolsonaro de asesinato en masa y genocidio de la población indígena de Brasil, pero los líderes finalmente decidieron no seguir adelante con esta recomendación. Las comunidades indígenas de Brasil se han visto especialmente afectadas por la pandemia debido al aislamiento social, la falta de sistemas sanitarios adecuados y la invasión de tierras. El informe de la Comisión acusa al gobierno de no haber creado un plan adecuado para hacer frente a estas vulnerabilidades y de que sus acciones van deliberadamente en contra de los derechos de los indígenas.
Un ejemplo concreto de la supuesta negligencia del gobierno está relacionado con el aumento de las disputas por la tierra y las invasiones durante la pandemia, que se tradujo en un aumento del 60% de los asesinatos de indígenas en 2020. Los críticos afirman que el gobierno no proporcionó protección a los grupos indígenas e impulsó una legislación que abre las tierras indígenas a las actividades extractivas comerciales. Estas acciones han envalentonado a los mineros y madereros ilegales para invadir los territorios indígenas, cometer actos de violencia y provocar la propagación del virus.
La vacunación de las comunidades indígenas también ha resultado un reto debido a las dificultades logísticas para llegar a ellas, su desconfianza en el gobierno y la difusión de información errónea fomentada por organizaciones religiosas. La constitución brasileña defiende el derecho de las comunidades indígenas al aislamiento voluntario, por lo que algunos grupos indígenas están presentando una demanda contra los misioneros por avances indeseados e ilegales en sus territorios que pusieron en riesgo a las comunidades indígenas durante la pandemia.

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PRIMAVERA 2021

Gobernanza y estado de derecho

En 2021, el gobierno de Brasil se enfrenta al peor escenario desde que comenzó la pandemia. El país está sufriendo una tercera oleada de COVID-19 causada por una variante más letal del virus, que ha elevado el número de muertos y ha puesto en tensión a las UCIs. En consecuencia, el Tribunal Supremo de Brasil abrió una investigación debido a la gestión del gobierno de la pandemia que ha matado a más de 430,000 personas. El gobierno de Bolsonaro está bajo presión para acelerar y priorizar la vacunación y controlar la transmisión con la incorporación de medidas más estrictas. A pesar de que el gobierno ha sido acusado de promover curas de curanderos, se declaró en contra de los cierres y trató de desbaratar la publicación de datos.

La ineficacia del gobierno federal para hacer frente a la pandemia ha hecho que no se coordinen, promuevan y financien las medidas de salud pública sancionadas internacionalmente. Presentar el hilo de la gobernanza teniendo en cuenta las elecciones del próximo año.
El Tribunal Supremo de Brasil, se abrió a finales del mes pasado para investigar la gestión gubernamental de la pandemia que ha matado a más de 430,000 personas. Esto podría representar un elemento decisivo en las elecciones del próximo año.
El aumento en el número de muertos debido a una nueva variante del virus y la mala gestión de la pandemia han llevado al gobierno a la creación de un nuevo comité de crisis que tiene el reto de incluir a funcionarios estatales que se han manifestado en contra del gobierno federal.
Brasil se enfrenta a una crisis institucional que ha puesto en entredicho la respuesta eficaz a la segunda ola de infección. En un año, el gobierno de Bolsonaro ha nombrado a tres Ministros de Sanidad diferentes, lo que ha provocado la inestabilidad en uno de los ministerios clave.
La reapertura de al menos 15 colegios públicos de la red estatal supone una seria preocupación para los profesionales de la educación en medio de una tercera ola de contagio y una respuesta poco clara por parte del gobierno.
La lentitud de la respuesta a la nueva variante del COVID-19 en la frontera de Brasil está presionando a los países vecinos debido a la falta de medidas para detener la propagación en esas zonas.
Los estados se están quedando sin suministros mientras más del 85% de las camas de las UCIs están ocupadas, presionando al gobierno federal para que asuma un mayor liderazgo y coordine los esfuerzos entre el gobierno federal y los estatales.

En los últimos meses han surgido varios casos de brasileños adinerados que intentan conseguir vacunas rápidas, lo que hace más evidente la desigualdad y demuestra la corrupción rampante en la sociedad y en los funcionarios del gobierno. Además, esto ha socavado la confianza en las instituciones durante la crisis.
Cada vez hay más indicios de corrupción crónica que puede haber canalizado fondos federales y estatales a licitadores preferentes para contratos de equipos médicos, muchos de los cuales han incumplido las condiciones de sus contratos.

Los diferentes enfoques de la gestión del COVID-19 adoptados por los gobiernos federal y estatal han puesto a prueba el modelo federal de Brasil. Esto también ha provocado batallas públicas entre los gobernadores y el presidente, inicialmente sobre las órdenes de permanencia en casa, más tarde sobre la velocidad de reapertura de la economía y ahora sobre el despliegue de la vacunación.
El gobierno federal se ha enfrentado con el poder judicial en varias ocasiones. Esto ha resultado en que el poder judicial force al ejecutivo a recular en ciertas acciones que se consideran ilegales. Entre ellas está el intento del Ministerio de Salud de dejar de publicar información sobre el COVID-19.
El gobierno federal ha intentado utilizar la pandemia de COVID-19 como pretexto para adquirir ilegalmente los datos personales de más de 200 millones de brasileños, lo cual ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de que la pandemia acelere una transición al llamado «tecno-autoritarismo».
Distintos grupos indígenas han acusado al gobierno de ejecutar de manera inadecuada los procedimientos de confinamiento, lo que ha llevado a los trabajadores de salud federales a propagar el virus a pueblos aislados.
El COVID-19 ha develado las deficiencias del sistema público de salud de Brasil (Sistema Único de Saúde, SUS). El SUS cuenta con menos de la mitad del número de camas recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y solo el 10% de los municipios tiene Unidades de Cuidados Intensivos.

Desarrollo económico e innovación

Con una reducción del 4.3% del PIB brasileño en 2020, la tercera oleada de la pandemia ha hecho que la ya frágil economía brasileña entre en una recesión más aguda, con un coste de al menos 12 millones de empleos. El gobierno se enfrenta al reto en 2021 de equilibrar los paquetes de estímulo y apoyo a los ingresos con su programa de reformas y su deseo de frenar el gasto público.

Brasil está desarrollando dos vacunas que están en fase de ensayo en humanos. Esto supone una oportunidad para someter a la pandemia que se ha intensificado hasta alcanzar un número crítico de muertes.
La pandemia ha puesto a Brasil en la senda de una recesión económica histórica. El PIB de Brasil cayó un 4.3% en el 2020. Aunque en líneas generales se ajustan a las expectativas posteriores a la crisis, sigue siendo la mayor caída del PIB en la historia del país.
Brasil se enfrentó a esta crisis encontrándose en una posición de precariedad económica tras años de crecimiento lento como resultado de la crisis económica de 2015/16, con el real bajo la presión de un crecimiento económico débil y la caída de las tasas de interés. Como resultado, Brasil ya había experimentado una creciente desigualdad antes de la llegada de la pandemia.
La respuesta económica del gobierno está parcialmente restringida por una enmienda constitucional de 2016 que impone un límite obligatorio al gasto público. Esto ha sido descrito por las Naciones Unidas como una violación de las normas de derechos humanos.
Más de 12 millones de brasileños han perdido su trabajo desde el inicio de la pandemia, incluyendo por lo menos a 5.8 trabajadores del sector informal (que representa el 40% de los trabajadores de Brasil). Actualmente, menos de la mitad de la población en edad de trabajar está empleada.
El gobierno federal ha extendido el subsidio mensual de desempleo hasta 2021, pero a una tasa mensual reducida de 300 reales, menos de un tercio del salario mínimo. También ha utilizado un préstamo del Banco Mundial para incrementar el alcance del programa de transferencia de efectivo condicional llamado Bolsa Familia.
Como resultado de los programas de asistencia de emergencia del gobierno, millones de trabajadores informales han abierto cuentas bancarias de ahorro digitales por primera vez, incentivando la digitalización del Banco Central y motivando sus planes de crear mayor inclusión financiera para el sector informal.
Para 2021 el gobierno federal ha ampliado durante 4 meses el programa de ayuda de emergencia, lo que se traduce en un mayor apoyo a una población vulnerable afectada por la pandemia.
La actividad del sector de servicios (la cual representa el 70% de la economía brasileña) se contrajo de manera aguda, creando la necesidad de que los trabajadores vuelvan de manera presencial y creando un impetus para que los alcaldes reabran sus ciudades tan rápido como sea posible, a pesar de la transmisión sostenida del virus.
La transmisión sostenida de COVID-19 en Brasil ha tenido el efecto secundario involuntario de convertir al país en un sitio de prueba clave para varios ensayos de vacunas potenciales, con la ayuda de la comunidad científica y la capacidad de manufactura del país. Sin embargo, la decisión sobre qué vacunas probar se ha politizado ampliamente.
La pandemia está aumentando la brecha de desigualdad educativa. Los estudiantes de bajos recursos han sufrido de manera desproporcionada por la falta de materiales educativos digitales y por la falta de estandarización en el proceso de vuelta a las clases presenciales que varía en cada estado. La gran mayoría de estudiantes estudian menos horas en el formato digital de las cuales son legalmente requeridas.
La realidad post pandémica podría presentar nuevos desafíos económicos para la industria brasileña, si las empresas optan por hacer que sus cadenas de suministro sean más resistentes a las interrupciones mediante una mayor automatización y reubicación.

Inclusión social y cultural

Una tercera ola más mortífera está agravando las disparidades socioeconómicas, regionales y raciales preexistentes en la sociedad brasileña. Las organizaciones de la sociedad civil están interviniendo para ayudar a los más afectados por el virus, como los indígenas, los brasileños negros, las mujeres y los refugiados.

La deficiente conectividad a internet está provocando la deserción escolar de estudiantes en situación de vulnerabilidad socioeconómica. El gobierno está abordando el problema a través del programa «Alunos Conectados» proporcionando a las diferentes universidades a nivel nacional fichas con acceso a internet. Esto con la intención de frenar el aumento de la deserción en las universidades.

La información falsa de políticos y predicadores está llegando a pueblos remotos del Amazonas a través de WhatsApp. Esto está amenazando a los pueblos indígenas debido a las burbujas de desinformación a través de las redes sociales, provocando una disminución de las tasas de vacunación de esta población.
El sindicato de profesionales de la educación está convocando huelgas contra la reapertura de las escuelas. Sin embargo, los estudiantes de bajo nivel socioeconómico se enfrentan a los retos de la enseñanza a distancia por la falta de conectividad y equipo educativo.
Brasil ya ha administrado la vacuna a más de 16.7 millones de personas. Sin embargo, los alcaldes y gobernadores de Brasil empezaron a dar la voz de alarma por la disminución de suministros de vacunas contra el coronavirus desde que comenzaron las inmunizaciones el 18 de enero. Solo el 6.32% de los 13.8 millones de ciudadanos de Brasil han recibido la primera inyección.
El COVID-19 ha empezado a resurgir en las áreas rurales, representando un peligro especial para las poblaciones indígenas de Brasil incluyendo a los refugiados de Venezuela, en gran parte indígenas. Muchas de estas comunidades ya han sido desplazadas y han estado expuestas al virus por parte de los agentes federales que fueron enviados para ayudarles.
La propagación de una variante más mortífera del virus a través de las comunidades indígenas de Brasil amenaza con eliminar décadas de historia oral e incluso culturas enteras ya que los ancianos indígenas, a menudo los guardianes de las lenguas indígenas, sucumben al COVID-19.
El gobierno brasileño ha sido acusado de no llevar un conteo exacto de casos positivos entre la población indígena, lo que ha llevado a la organización indígena APIB a monitorear los números por su propia cuenta.
La combinación de precios del oro en rápida escalada y alto desempleo causado por la pandemia ha llevado a un marcado aumento de la extracción ilegal de oro, gran parte de ella en tierras indígenas, presentando un nuevo desafío de intrusión a una comunidad vulnerable.
Las muertes por el virus ocurren principalmente entre afro-brasileños que trabajan de manera desproporcionada en la economía informal y carecen de acceso a la atención médica. El COVID-19 se ha relacionado con un aumento significativo en la mortalidad materna de las mujeres negras, al doble de la tasa de las mujeres blancas.
Ante la aparente ausencia de asistencia del gobierno, organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio de Favelas, Odara y Redes da Maré han asumido la responsabilidad de la distribución de bienes e información de salud pública a nivel local.
El presidente ha intentado convertir en chivo expiatorio a las ONGs, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas por los rezagos sufridos por Brasil durante el transcurso de la pandemia, poniendo en riesgo a estos grupos y organizaciones en un país políticamente dividido. También ha empleado lenguaje homofóbico para denunciar la respuesta de sus ciudadanos ante el virus.
A pesar de que las llamadas por violencia doméstica a la línea directa de emergencia del estado aumentan en un 45%, muchos servicios sociales para víctimas de violencia doméstica son limitados y los recintos especiales para mujeres funcionan con horarios reducidos debido a la pandemia.
La población femenina está sufriendo dramáticamente las consecuencias de la pandemia. Según algunos estudios, las mujeres representan el 85% de los profesionales de enfermería en Brasil, aumentando el número de mujeres que mueren por el virus debido a su exposición en hospitales superpoblados.
Según la investigación de anticuerpos, la exposición al coronavirus ha sido más alta entre la población indígena (3.7%) y más baja entre la población blanca (0.6%). Por el contrario, un estudio separado ha sugerido un posible vínculo entre la exposición previa al dengue y cierta inmunidad al COVID-19, un hallazgo que, de ser cierto, tendría implicaciones significativas para la población indígena.

OTOÑO 2020

Gobernanza y estado de derecho

La respuesta brasileña a la pandemia ha estado marcada por enfrentamientos entre el gobierno federal, los estatales y la comunidad científica. Aunque el país sigue estando políticamente dividido, el manejo de la crisis por parte del presidente Bolsonaro le ha ganado los niveles de aprobación más altos de su presidencia, en la época de elecciones municipales importantes.

A medida que el número de casos en Brasil comienza a incrementar nuevamente, el presidente Bolsonaro se ha presentado como un aliado de la clase trabajadora. Las encuestas sugieren que en su mayoría ha evitado la culpa por la gravedad de la pandemia, la cual ha matado a más de 160,000 brasileños.
Los brasileños se dirigirán a las urnas para las elecciones municipales, las cuales han incentivado a distintos alcaldes a abrir sus ciudades de manera prematura. El ambiente político ampliamente polarizado, el cual se ha visto empeorado por el virus, ha llevado a un incremento histórico en la violencia electoral y amenazas en contra de los candidatos municipales.

La relación entre Bolsonaro y la comunidad científica se ha vuelto cada vez más tensa, ya que el presidente interviene con frecuencia para bloquear las intervenciones de la comunidad científica usando razones políticas. Esto incluye un intento reciente de bloquear los ensayos clínicos de la vacuna Sinovac, a pesar de las objeciones de los oficiales científicos.
Los diferentes enfoques para la gestión de COVID-19 adoptados por los gobiernos federal y estatal han puesto a prueba el modelo federal de Brasil. Esto ha provocado batallas públicas entre los gobernadores y el presidente, inicialmente por las órdenes de confinamiento y luego por la velocidad de la reapertura de la economía.
El gobierno federal se ha enfrentado con el poder judicial en varias ocasiones. Esto ha resultado en que el poder judicial force al ejecutivo a recular en ciertas acciones que se consideran ilegales. Entre ellas está el intento del Ministerio de Salud de dejar de publicar información sobre el COVID-19.
Hay cada vez más evidencia de corrupción crónica en el país, a través de la cual se pudieron haber desviado fondos federales y estatales para otorgar contratos preferenciales a proveedores de equipo médico. Muchos de estos proveedores no han cumplido con los términos de sus contratos.
El gobierno federal ha intentado utilizar la pandemia de COVID-19 como pretexto para adquirir ilegalmente los datos personales de más de 200 millones de brasileños, lo cual ha generado preocupaciones sobre la posibilidad de que la pandemia acelere una transición al llamado «tecno-autoritarismo».
Distintos grupos indígenas han acusado al gobierno de ejecutar de manera inadecuada los procedimientos de confinamiento, lo que ha llevado a los trabajadores de salud federales a propagar el virus a pueblos aislados.
La brutalidad policial aumentó hasta en un 43% tras la imposición de órdenes de confinamiento, dirigidas de manera desproporcionada a los hombres negros, a pesar de una orden de la Corte Suprema destinada a detener las redadas policiales en las favelas mientras dure la pandemia.
El COVID-19 ha develado las deficiencias del sistema público de salud de Brasil (Sistema Único de Saúde, SUS). El SUS cuenta con menos de la mitad del número de camas recomendado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y solo el 10% de los municipios tiene Unidades de Cuidados Intensivos.

Desarrollo económico e innovación

La pandemia ha causado una aguda recesión en Brasil, cuya economía ya era frágil. Esta recesión ha causado la pérdida de por lo menos 12 millones de trabajos. El gobierno se enfrenta al reto de lograr balancear los paquetes de apoyo y estímulos económicos, respetando su obligación constitucional de limitar el gasto público.

La pandemia ha puesto a Brasil en el camino hacia una recesión económica histórica. El PIB de Brasil cayó un 9,7% en el segundo trimestre de 2020. Aunque en general estuvo en línea con las expectativas posteriores a la crisis, esta fue la caída del PIB más pronunciada en la historia del país.
Brasil se enfrentó a esta crisis encontrándose en una posición de precariedad económica tras años de crecimiento lento como resultado de la crisis económica de 2015/16, con el real bajo la presión de un crecimiento económico débil y la caída de las tasas de interés. Como resultado, Brasil ya había experimentado una creciente desigualdad antes de la llegada de la pandemia.
La respuesta económica del gobierno está parcialmente restringida por una enmienda constitucional de 2016 que impone un límite obligatorio al gasto público. Esto ha sido descrito por las Naciones Unidas como una violación de las normas de derechos humanos.
Más de 12 millones de brasileños han perdido su trabajo desde el inicio de la pandemia, incluyendo por lo menos a 5.8 trabajadores del sector informal (que representa el 40% de los trabajadores de Brasil). Actualmente, menos de la mitad de la población en edad de trabajar está empleada.
El gobierno federal ha extendido el subsidio mensual de desempleo hasta 2021, pero a una tasa mensual reducida de 300 reales, menos de un tercio del salario mínimo. También ha utilizado un préstamo del Banco Mundial para incrementar el alcance del programa de transferencia de efectivo condicional llamado Bolsa Familia.
Como resultado de los programas de asistencia de emergencia del gobierno, millones de trabajadores informales han abierto cuentas bancarias de ahorro digitales por primera vez, incentivando la digitalización del Banco Central y motivando sus planes de crear mayor inclusión financiera para el sector informal.
La actividad del sector de servicios (la cual representa el 70% de la economía brasileña) se contrajo de manera aguda, creando la necesidad de que los trabajadores vuelvan de manera presencial y creando un impetus para que los alcaldes reabran sus ciudades tan rápido como sea posible, a pesar de la transmisión sostenida del virus.
La transmisión sostenida de COVID-19 en Brasil ha tenido el efecto secundario involuntario de convertir al país en un sitio de prueba clave para varios ensayos de vacunas potenciales, con la ayuda de la comunidad científica y la capacidad de manufactura del país. Sin embargo, la decisión sobre qué vacunas probar se ha politizado ampliamente.
La pandemia está aumentando la brecha de desigualdad educativa. Los estudiantes de bajos recursos han sufrido de manera desproporcionada por la falta de materiales educativos digitales y por la falta de estandarización en el proceso de vuelta a las clases presenciales que varía en cada estado. La gran mayoría de estudiantes estudian menos horas en el formato digital de las cuales son legalmente requeridas.
La realidad post pandémica podría presentar nuevos desafíos económicos para la industria brasileña, si las empresas optan por hacer que sus cadenas de suministro sean más resistentes a las interrupciones mediante una mayor automatización y reubicación.

Inclusión social y cultural

La pandemia ha enfatizado la desigualdad socioeconómica, racial y social que ya existía en la sociedad brasileña anteriormente. Distintas organizaciones de la sociedad civil se han dado a la tarea de ayudar a los más afectados por el virus, incluyendo a los indígenas, afro-brasileños, mujeres y refugiados.

El COVID-19 ha empezado a resurgir en las áreas rurales, representando un peligro especial para las poblaciones indígenas de Brasil incluyendo a los refugiados de Venezuela, en gran parte indígenas. Muchas de estas comunidades ya han sido desplazadas y han estado expuestas al virus por parte de los agentes federales que fueron enviados para ayudarles.
La expansión de la pandemia a través de las comunidades indígenas de Brasil amenaza con borrar décadas de historia oral e incluso culturas enteras, ya que los ancianos indígenas, quienes conservan los idiomas indígenas, son quienes sucumben al virus de COVID-19.
El gobierno brasileño ha sido acusado de no llevar un conteo exacto de casos positivos entre la población indígena, lo que ha llevado a la organización indígena APIB a monitorear los números por su propia cuenta.
Las escuelas de samba de Río de Janeiro han pospuesto indefinidamente el Carnaval de 2021 (previamente programado para febrero), un gran revés tanto para la vida cultural de Brasil como para la atribulada industria turística.
La combinación de precios del oro en rápida escalada y alto desempleo causado por la pandemia ha llevado a un marcado aumento de la extracción ilegal de oro, gran parte de ella en tierras indígenas, presentando un nuevo desafío de intrusión a una comunidad vulnerable.
Las muertes por el virus ocurren principalmente entre afro-brasileños que trabajan de manera desproporcionada en la economía informal y carecen de acceso a la atención médica. El COVID-19 se ha relacionado con un aumento significativo en la mortalidad materna de las mujeres negras, al doble de la tasa de las mujeres blancas.
Ante la aparente ausencia de asistencia del gobierno, organizaciones de la sociedad civil como el Observatorio de Favelas, Odara y Redes da Maré han asumido la responsabilidad de la distribución de bienes e información de salud pública a nivel local.
El presidente ha intentado convertir en chivo expiatorio a las ONGs, organizaciones de la sociedad civil y pueblos indígenas por los rezagos sufridos por Brasil durante el transcurso de la pandemia, poniendo en riesgo a estos grupos y organizaciones en un país políticamente dividido. También ha empleado lenguaje homofóbico para denunciar la respuesta de sus ciudadanos ante el virus.
A pesar de que las llamadas por violencia doméstica a la línea directa de emergencia del estado aumentan en un 45%, muchos servicios sociales para víctimas de violencia doméstica son limitados y los recintos especiales para mujeres funcionan con horarios reducidos debido a la pandemia.
Según la investigación de anticuerpos, la exposición al coronavirus ha sido más alta entre la población indígena (3.7%) y más baja entre la población blanca (0.6%). Por el contrario, un estudio separado ha sugerido un posible vínculo entre la exposición previa al dengue y cierta inmunidad al COVID-19, un hallazgo que, de ser cierto, tendría implicaciones significativas para la población indígena.

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