OTOÑO 2020

Gobernanza y estado de derecho

**El plan del gobierno de Giammattei para reactivar la economía y luchar contra la corrupción se ha interrumpido.**

«File:Alejandro Giammattei (2019 a).jpg» de Carlos Sebastián está bajo una licencia CC BY-SA 4.0.

Deportaciones de ciudadanos guatemaltecos desde Estados Unidos aumentan el riesgo de infección por COVID-19 en Guatemala, amenazando el frágil sistema de salud y acentuando problemas de alimentación, pobreza y seguridad social. La pandemia y el huracán Eta han agravado la crisis humanitaria y de derechos humanos en Guatemala.

Después de asumir el cargo, el presidente Alejandro Giammattei logró restaurar y revitalizar ciertas áreas económicas y reducir el crimen, la extorsión y la corrupción en el gobierno. Sin embargo, COVID-19 cambió el enfoque de las autoridades e interrumpió ese curso político.
Antes de que Guatemala dejase de aceptar inmigrantes deportados de los Estados Unidos en marzo, miles de personas fueron deportadas, incluidas algunas que dieron positivo por COVID-19.
El representante de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de Guatemala elaboró un protocolo de protección para las personas deportadas desde Estados Unidos, que Estados Unidos no ha cumplido plenamente.
Aunque la administración Trump recortó la ayuda humanitaria a Guatemala por conflictos migratorios, en octubre Estados Unidos reanudó parte de la asistencia económica debido a la reducción de familias arrestadas que cruzaban la frontera por pasos no habilitados.
El público ha comenzado a desconfiar del gobierno, dudando del bajo número de casos confirmados y del relativamente alto número de recuperaciones tempranas que han sido reportadas.
El hacinamiento en las prisiones agrava el riesgo de propagación de los contagios.
Estados Unidos está asignando US$87 millones en asistencia de emergencia para el desarrollo y la salud a Guatemala, que también tiene como objetivo limitar la inmigración de guatemaltecos hacia los Estados Unidos.
El sistema de salud de Guatemala es débil y los servicios médicos especializados se concentran en pocos centros urbanos. La mayoría de los guatemaltecos no tiene acceso a la atención médica, incluidos los servicios de testeos o tratamiento por COVID-19.
En Guatemala, entre el 60 y el 70% de la población vive en la pobreza y cada hogar cuenta con una o dos habitaciones, lo que plantea dificultades para que los ciudadanos puedan aislarse en su hogar. Al mismo tiempo, debido a la infraestructura médica limitada, no todos los pacientes positivos por COVID-19 pueden ser enviados a hospitales para su aislamiento.
El Congreso de Guatemala aprobó un aumento en el presupuesto de asignaciones por viáticos para los legisladores, recortando los recursos destinados a salud, en plena pandemia, y a educación. Esta decisión profundiza las tensiones sociales en Guatemala. El 21 de noviembre, miles de manifestantes se manifestaron exigiendo la renuncia del presidente y prendieron fuego al edificio legislativo.
El desempleo, exacerbado por COVID-19, ha aumentado aún más la inmigración ilegal de países centroamericanos. Los inmigrantes ilegales que viven en Guatemala se enfrentan ahora a una crisis humanitaria.
El gobierno guatemalteco ha otorgado poderes especiales a las fuerzas armadas para detener y deportar a más de 3.000 inmigrantes ilegales a países vecinos como Honduras.

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Desarrollo económico e innovación

**Una mujer indígena guatemalteca, trabajando en el sector agrícola.**

«guatemala» de Nicoletta Fabbri está bajo una licencia CC BY-NC-SA 2.0.

El modelo macroeconómico de Guatemala es vulnerable al COVID-19. El país depende fuertemente de las remesas y exportaciones a Estados Unidos, y la pronunciada caída en las primeras ha frenado el crecimiento económico de Guatemala. Para promover la estabilidad económica interna, el gobierno guatemalteco ha tomado medidas fiscales que equivalen aproximadamente al 3% del producto interno bruto (PIB).

La fuerte dependencia de Guatemala de las remesas (que representan cerca del 14% del PIB) y una alta participación de las exportaciones hacia los Estados Unidos (33% del total) han exacerbado su vulnerabilidad a la pandemia.
Se espera que la economía guatemalteca se contraiga un 4% en 2020.
Guatemala comenzó a reabrir su economía el 27 de julio.
Guatemala está implementando medidas para garantizar que sus exportaciones pasen los controles de saneamiento y seguridad y las regulaciones de exportación establecidas por la aduana estadounidense.
Fitch Ratings rebajó la calificación crediticia soberana de Guatemala debido a la volatilidad de los precios del petróleo, las turbulencias, el endurecimiento de las condiciones financieras y el impacto económico y social de la pandemia en el país.
Guatemala ha expandido el mercado de deuda internacional mediante la emisión de grandes cantidades de fondos en respuesta al COVID-19.
Debido al impacto de la pandemia y las medidas de confinamiento, Guatemala perdió aproximadamente 500.000 empleos.
Los ingresos por turismo se han reducido más del 50% desde principios de 2020. Se estima que el turismo será el sector más afectado por la pandemia en Guatemala.
Las autoridades están aumentando el gasto en salud y las transferencias a los grupos más vulnerables mientras relajan la política monetaria, amplían la oferta de liquidez y toman medidas de apoyo prudentes.
Guatemala enfrenta un enorme desempleo. El gobierno está proporcionando subsidios salariales a los trabajadores desempleados.
Las condiciones económicas de Estados Unidos y otros socios comerciales han continuado deteriorándose, empeorando las perspectivas de las exportaciones guatemaltecas.
Dada la enorme demanda de atención médica, el crecimiento del gasto farmacéutico y sanitario de Guatemala se ha mantenido fuerte. Sin embargo, debido a las deficientes instalaciones médicas del país y a la insuficiencia de personal, la respuesta al COVID-19 ha sido un desafío.

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Inclusión social y cultural

**Viviendas precarias y saneamiento en áreas empobrecidas.**

«MVW_9367» de vanwormerphoto está bajo una licencia CC BY-NC 2.0.

La pandemia representa una grave amenaza para la seguridad alimentaria. El COVID-19 ha impactado con mayor severidad a las comunidades indígenas marginadas y vulnerables de Guatemala, las cuales, especialmente en zonas rurales, enfrentan dificultades y desigualdades en el acceso a los servicios de salud.

Las comunidades indígenas de Guatemala, que dan cuenta del 43.6% de la población total, están marginadas social y económicamente, lo que las hace particularmente vulnerables al COVID-19.
Muchos ciudadanos habitan viviendas precarias y en malas condiciones de saneamiento, careciendo de acceso a servicios básicos y a protección social.
Los pueblos indígenas y las personas discapacitadas de las zonas rurales sufren dificultades y desigualdades para acceder a los servicios de salud.
Las mujeres indígenas suelen trabajar en los sectores de turismo, textiles, agroindustriales y artesanales, que se cuentan entre los más afectadas por la pandemia. Las mujeres indígenas carecen de autonomía económica, oportunidades educativas y enfrentan problemas como la violencia doméstica.
La corrupción en el sector de la salud afecta la cobertura y provisión de cuidados médicos. El personal médico guatemalteco se enfrenta a desafíos como atrasos salariales e insuficiente disponibilidad de equipo de protección personal para desarrollar sus tareas durante la pandemia.
El Banco Mundial ha desarrollado lineamientos que permiten a identificar a los estudiantes en riesgo de abandonar la escuela, facilitando que los funcionarios dirijan los recursos hacia estos grupos.
Las medidas restrictivas debidas a la pandemia han tenido un impacto directo en la actividad de las pandillas. El cierre de muchas actividades económicas ha obstaculizado las actividades de lavado de dinero y reducido la demanda de drogas.
Los informes de violencia doméstica en Guatemala han aumentado debido a las presiones económicas y la reducción de ingresos, pero las medidas de toque de queda dificultan la tarea de los defensores de los derechos humanos ante la creciente violencia.
Debido a la reducción de ingresos, 1.2 millones de personas necesitan asistencia alimentaria de emergencia. El gobierno guatemalteco está distribuyendo canastas de alimentos para brindar alivio a esta situación.
El presidente, Alejandro Giammattei, a través de la reducción de gastos administrativos en el Palacio Presidencial y la firma de convenios con el Programa Mundial de Alimentos (PMA), ha puesto en marcha ayuda alimentaria para niños en riesgo de desnutrición.
Como parte de la Gran Cruzada Nacional por la Nutrición, el gobierno de Guatemala lanzó una estrategia para beneficiar a niños de entre 6 meses y 10 años en situación de vulnerabilidad por desnutrición.

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PRIMAVERA 2021

Gobernanza y estado de derecho

El 15 de abril, Guatemala reportó 3.,818 nuevos casos de coronavirus en 48 horas, marcando una tercera ola de COVID en el país. El gobierno está planificando nuevas estrategias de confinamiento y gestión de vacunas. La falta de recursos económicos y salubristas, condiciones de vida precarias y la falta de infraestructura en las zonas rurales dificultan la capacidad del gobierno de Guatemala en ofrecer asistencia sanitaria universal. Para mejorar su capacidad de respuesta a la pandemia, el gobierno de Guatemala está recibiendo asistencia de países y organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este febrero, Guatemala compró 4 millones de dosis de la vacuna Sputnik V COVID-19 desde Rusia en respuesta a la segunda ola de la pandemia.
El presidente Alejandro Giammattei confirma que él va a adoptar un nuevo toque de queda a partir de mayo, ya que una tercera ola de coronavirus golpea el sistema de salud del país.
Desde el 17 de abril, las autoridades han restringido la entrada de viajeros que han visitado Brasil, Reino Unido o Sudáfrica dentro de los 14 días antes de llegar a Guatemala para prevenir la propagación de variantes de COVID-19 que circulan en estos países.
En febrero, el Ministro de Salud de Guatemala presentó una demanda solicitando una investigación por posible corrupción en la compra de 30,000 pruebas de COVID-19. Kron Científica e Industrial es acusada de vender pruebas falsas al Ministerio de Salud.
El desempleo, exacerbado por COVID-19, ha aumentado aún más la inmigración ilegal de países centroamericanos. Los inmigrantes ilegales que viven en Guatemala se enfrentan ahora a una crisis humanitaria.
Guatemala está utilizando COVID-19 como una herramienta para frenar la inmigración. En enero, Guatemala, Honduras, El Salvador y México emitieron una declaración conjunta en la que pedían medidas de salud para disuadir a los migrantes, por ejemplo, la exigencia de una prueba de coronavirus negativa en los puntos de control fronterizos.
Las deportaciones de ciudadanos guatemaltecos desde Estados Unidos aumentan el riesgo de infección por COVID-19 en Guatemala, amenazando el frágil sistema de salud y acentuando problemas de alimentación, pobreza y seguridad social.
La administración de Biden anunció una pausa de 100 días en las deportaciones en un intento de revertir el enfoque del trabajo del ex presidente Donald Trump. Sin embargo, un juez federal bloqueó la moratoria de las deportaciones.
Este abril, la administración Biden se reunió con el gobierno guatemalteco para llegar a un acuerdo sobre inmigración ilegal. Estados Unidos también va a ayudar a Guatemala a capacitar a su fuerza de protección fronteriza.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llegaron a un consenso en abril para establecer Centros de Recursos a brindar servicios a los guatemaltecos migrantes quienes están buscando vías legales de migración. Los centros también ofrecen referencias de asilo y reasentamiento a los refugiados.
El 11 de marzo de 2021, Guatemala recibió 81,600 dosis de la vacuna AstraZeneca a través de COVAX. Estas dosis son las primeras de las 6.6 millones en total que Guatemala espera recibir a través de COVAX este año. Guatemala se está esforzando en lograr su objetivo de inmunizar al 20% de la población.
El primer grupo de personas que se vacunará en Guatemala incluirá trabajadores de salud de primera línea, trabajadores expuestos a los cadáveres de personas infectadas con COVID-19, personas con enfermedades de alto riesgo y personas mayores de 75 años. Hasta el 23 de abril, se habían administrado un total de 162,110 dosis de vacuna en Guatemala.
Las autoridades guatemaltecas están proporcionando a los residentes pruebas gratuitas. Los ciudadanos guatemaltecos pueden hacerse la prueba de COVID-19 tanto en clínicas privadas como en farmacias públicas.
El Congreso de Guatemala aprobó un aumento en el presupuesto de asignaciones por viáticos para los legisladores, recortando los recursos destinados a salud, en plena pandemia, y a educación. Esta decisión profundiza las tensiones sociales en Guatemala. El 21 de noviembre de 2020, miles de manifestantes se manifestaron exigiendo la renuncia del presidente y prendieron fuego al edificio legislativo.

Desarrollo económico e innovación

A finales del 2020, el COVID-19 puso fin a las tres décadas de crecimiento económico continuo de Guatemala, lo que a largo plazo agravará los desafíos existentes de Guatemala, como los altos niveles de pobreza y el retraso del crecimiento, la baja acumulación de capital humano y las enormes brechas de género. Para promover la estabilidad económica interna, el gobierno guatemalteco ha tomado medidas fiscales que equivalen aproximadamente al 3% del producto interno bruto (PIB). La tercera ola de coronavirus tendrá un impacto en la economía, especialmente en la industria del turismo.

La fuerte dependencia de Guatemala de las remesas (que representan cerca del 14% del PIB) y una alta participación de las exportaciones hacia los Estados Unidos (33% del total) han exacerbado su vulnerabilidad a la pandemia.
Se espera que la economía guatemalteca se contraiga en un 4% en 2020 y crezca 3.4% en 2021, y que el PIB del país alcance aproximadamente US $84.50 mil millones en 2021 y US $8.7 mil millones para 2022.
Acercándose a Semana Santa, la fiesta más larga del año en el país, el Departamento de Turismo de Guatemala está tomando diversas acciones para apoyar la cadena de valor del turismo y lograr la recuperación económica.
INGUAT está promoviendo actividades de promoción turística, por ejemplo #Guaterapia, para inspirar a los salvadoreños a venir a Guatemala a disfrutar del paisaje natural y la cultura.
La tercera ola de COVID-19 afecta a la industria turística de Guatemala. Giammattei dijo que controlar a los pasajeros será una de las medidas para reducir la tercera ola de coronavirus del país.
Guatemala ha expandido el mercado de deuda internacional mediante la emisión de grandes cantidades de fondos en respuesta al COVID-19.
Desde finales de enero de 2020, hasta finales de septiembre de 2020, el número de empleos en el sector privado formal disminuyó en 118,000 (alrededor del 11%). En comparación con la capacidad media anual de creación de empleo formal (10,000) de los últimos años, esta contracción equivale a perder diez u once años de ganancias en la creación de empleo. Los datos de 2021 aún no se han revelado.
El 26 de abril, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei a través de Zoom y anunció que los Estados Unidos proporcionarán 310 millones de dólares estadounidenses para ayuda humanitaria y para abordar la inseguridad alimentaria en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Las autoridades están aumentando el gasto en salud y las transferencias a los grupos más vulnerables mientras relajan la política monetaria, amplían la oferta de liquidez y toman medidas de apoyo prudentes.
Las condiciones económicas de Estados Unidos y otros socios comerciales han continuado deteriorándose, empeorando las perspectivas de las exportaciones guatemaltecas.
El gobierno de Guatemala proporcionó liquidez temporal a por lo menos 4,500 pequeñas y medianas empresas, de las cuales 2,000 de los empresarios son mujeres.
El gobierno de Guatemala tiene previsto ampliar el programa de sustitución salarial para los trabajadores formales en excedencia del sector privado. El gobierno también planifica expandir la cobertura del programa de transferencias de efectivo para hogares del 5% al 10% (es decir, de 166,000 hogares en el 2019 a 330,000 en el 2022).

Inclusión social y cultural

La pandemia representa una grave amenaza para la seguridad alimentaria. El COVID-19 ha impactado con mayor severidad a las comunidades indígenas marginadas y vulnerables de Guatemala, las cuales, especialmente en zonas rurales, enfrentan dificultades y desigualdades en el acceso a los servicios de salud. Para resolver este problema, en el año 2021, el gobierno de Guatemala está impulsando un cambio digital en el campo de los servicios de salud.

En Guatemala, entre el 60 y el 70% de la población vive en la pobreza y cada hogar cuenta con una o dos habitaciones, lo que plantea dificultades para que los ciudadanos puedan aislarse en su hogar. Al mismo tiempo, debido a la infraestructura médica limitada, no todos los pacientes positivos por COVID-19 pueden ser enviados a hospitales para su aislamiento.
El sistema de salud de Guatemala es débil y los servicios médicos especializados se concentran en pocos centros urbanos.
La tercera ola de coronavirus vuelve a poner el sistema médico guatemalteco bajo presión. El aumento del número de las infecciones por COVID-19 llevó al Ministerio de Salud del país a anunciar una alerta roja en la red hospitalaria este abril.
La libertad de prensa enfrenta amenazas. Desde que el COVID-19 comenzó a propagarse en Guatemala en marzo de 2020, los ataques verbales del gobierno contra periodistas se han vuelto más frecuentes y prominentes. Además, las autoridades han restringido el acceso a la información sobre la pandemia.
Las autoridades están amenazando y acosando a los periodistas, enviando a policías y soldados a vigilar, intimidar, robar y golpear a los periodistas que denunciaron actos de corrupción. Entre ellos, las mujeres periodistas enfrentan mayor violencia.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS), con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el gobierno sueco y la Unión Europea, lanzó la primera red de telemedicina en tiempo real. La red va a ayudar a reducir la desnutrición infantil y las muertes maternas en comunidades rurales.
La corrupción en el sector de la salud afecta la cobertura y provisión de cuidados médicos. El personal médico guatemalteco enfrenta desafíos, como atrasos salariales e insuficiente disponibilidad de equipo de protección personal, para desarrollar sus tareas durante la pandemia. A los trabajadores de derechos humanos les parece inaceptable los recientes escándalos de corrupción sobre las pruebas de COVID-19.
Los huracanes Eta e Iota han agravado la crisis humanitaria y de derechos humanos en Guatemala. Los deslizamientos de la tierra y las inundaciones a gran escala causadas por las dos huracanes afectaron a 900,000 niños. Hasta mediados de diciembre de 2020, unos 2,000 niños vivían en refugios.
Los informes de violencia doméstica en Guatemala han aumentado debido a las presiones económicas y la reducción de ingresos, pero las medidas de toque de queda dificultan la tarea de los defensores de los derechos humanos ante la creciente violencia.
Guatemala, especialmente los departamentos de Quiché y San Marcos, tiene una alta tasa de desnutrición. Debido a la reducción de ingresos, 1.2 millones de personas necesitan asistencia alimentaria de emergencia. El gobierno guatemalteco está distribuyendo canastas de alimentos para brindar alivio a esta situación.
El Gobierno de Guatemala amplió el acceso a los servicios de salud para todos los estudiantes de preescolar y primaria, proporcionando comidas escolares en casa cuando las escuelas están cerradas.

VERANO 2021

Gobernanza y estado de derecho

Tras el inicio de la tercera ola de contagios de COVID en abril, Guatemala reportó 3,069 casos el 8 de julio, el mayor número de casos diarios desde el inicio de la pandemia. El gobierno está planificando nuevas estrategias de confinamiento y gestión de vacunas. La falta de recursos económicos y salubristas, condiciones de vida precarias y la falta de infraestructura en las zonas rurales dificultan la capacidad del gobierno de Guatemala en ofrecer asistencia sanitaria universal. Para mejorar su capacidad de respuesta a la pandemia, el gobierno de Guatemala está recibiendo asistencia de países y organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Este febrero, Guatemala compró 4 millones de dosis de la vacuna Sputnik V COVID-19 desde Rusia en respuesta a la segunda ola de la pandemia.
El presidente Alejandro Giammattei confirma que él va a adoptar un nuevo toque de queda a partir de mayo, ya que una tercera ola de coronavirus golpea el sistema de salud del país.
Desde el 17 de abril, las autoridades han restringido la entrada de viajeros que han visitado Brasil, Reino Unido o Sudáfrica dentro de los 14 días antes de llegar a Guatemala para prevenir la propagación de variantes de COVID-19 que circulan en estos países.
En febrero, el Ministro de Salud de Guatemala presentó una demanda solicitando una investigación por posible corrupción en la compra de 30,000 pruebas de COVID-19. Kron Científica e Industrial es acusada de vender pruebas falsas al Ministerio de Salud.
El desempleo, exacerbado por COVID-19, ha aumentado aún más la inmigración ilegal de países centroamericanos. Los inmigrantes ilegales que viven en Guatemala se enfrentan ahora a una crisis humanitaria.
Guatemala está utilizando COVID-19 como una herramienta para frenar la inmigración. En enero, Guatemala, Honduras, El Salvador y México emitieron una declaración conjunta en la que pedían medidas de salud para disuadir a los migrantes, por ejemplo, la exigencia de una prueba de coronavirus negativa en los puntos de control fronterizos.
Las deportaciones de ciudadanos guatemaltecos desde Estados Unidos aumentan el riesgo de infección por COVID-19 en Guatemala, amenazando el frágil sistema de salud y acentuando problemas de alimentación, pobreza y seguridad social.
La administración de Biden anunció una pausa de 100 días en las deportaciones en un intento de revertir el enfoque del trabajo del ex presidente Donald Trump. Sin embargo, un juez federal bloqueó la moratoria de las deportaciones.
Este abril, la administración Biden se reunió con el gobierno guatemalteco para llegar a un acuerdo sobre inmigración ilegal. Estados Unidos también va a ayudar a Guatemala a capacitar a su fuerza de protección fronteriza.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, y el presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, llegaron a un consenso en abril para establecer Centros de Recursos a brindar servicios a los guatemaltecos migrantes quienes están buscando vías legales de migración. Los centros también ofrecen referencias de asilo y reasentamiento a los refugiados.
La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, visitó Guatemala el 7 de junio de 2021, en un esfuerzo por alcanzar acuerdos que ayuden a resolver las causas fundamentales de la migración, como la corrupción, el cambio climático, el narcotráfico, la violencia y la falta de oportunidades económicas. Pidió a los centroamericanos que piensen en emigrar a Estados Unidos por medios irregulares que no lo hagan, pues en su mayoría serán rechazados. El gobierno de Biden se ha comprometido a invertir 4,000 millones de dólares en la región, y enviará 1.5 millones de dosis de vacunas a Guatemala.
El Departamento de Estado de Estados Unidos ha publicado la Lista Engel, un informe que identifica a 20 ciudadanos guatemaltecos que han participado a sabiendas en actos de corrupción significativa, han socavado los procesos o las instituciones democráticas o han violado los derechos humanos. Este informe incluye a actuales y antiguos representantes del Congreso, jueces de la Corte Suprema, abogados destacados, directivos de ONG, miembros del gabinete presidencial y el ex presidente Álvaro Colom Caballeros.
A mediados de julio de 2021, el Gobierno de Guatemala había recibido 1,629,800 dosis de vacunas adquiridas a través del mecanismo COVAX, de donaciones de otros países o de sus negociaciones con Rusia. Posteriormente ha distribuido y aplicado 1,002,959 dosis, pero sólo ha inmunizado completamente al 1.05% de la población.
Estados Unidos donará 1.5 millones de dosis de la vacuna Moderna, que se utilizarán para vacunar a los profesores de las escuelas públicas y privadas.
Aunque el Gobierno guatemalteco firmó un contrato con Rusia para adquirir 8 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, sólo se han entregado 550,000. Los funcionarios guatemaltecos han expresado su interés en renegociar y cancelar el contrato si las dosis no se entregan a tiempo para distribuir la segunda ronda de dosis.
Los miembros de la Cámara de Diputados han exigido la dimisión de Amelia Flores, la Ministra de Salud, por su gestión de la pandemia y sus presuntos vínculos con la incertidumbre que rodea a las dosis de la vacuna Sputnik V que están llegando. La ministra ha ignorado las peticiones de reuniones con diferentes comisiones del gobierno.
Las autoridades guatemaltecas están proporcionando a los residentes pruebas gratuitas. Los ciudadanos guatemaltecos pueden hacerse la prueba de COVID-19 tanto en clínicas privadas como en farmacias públicas.
El Congreso de Guatemala aprobó un aumento en el presupuesto de asignaciones por viáticos para los legisladores, recortando los recursos destinados a salud, en plena pandemia, y a educación. Esta decisión profundiza las tensiones sociales en Guatemala. El 21 de noviembre de 2020, miles de manifestantes se manifestaron exigiendo la renuncia del presidente y prendieron fuego al edificio legislativo.

Desarrollo económico e innovación

A finales del 2020, el COVID-19 puso fin a las tres décadas de crecimiento económico continuo de Guatemala, lo que a largo plazo agravará los desafíos existentes de Guatemala, como los altos niveles de pobreza y el retraso del crecimiento, la baja acumulación de capital humano y las enormes brechas de género. Para promover la estabilidad económica interna, el gobierno guatemalteco ha tomado medidas fiscales que equivalen aproximadamente al 3% del producto interno bruto (PIB). La tercera ola de coronavirus tendrá un impacto en la economía, especialmente en la industria del turismo.

La fuerte dependencia de Guatemala de las remesas (que representan cerca del 14% del PIB) y una alta participación de las exportaciones hacia los Estados Unidos (33% del total) han exacerbado su vulnerabilidad a la pandemia.
Las remesas han tenido un ritmo histórico durante los primeros 6 meses de 2021, mostrando un aumento del 4,27% en comparación con el mismo periodo de 2020.
Se espera que la economía guatemalteca se contraiga en un 4% en 2020 y crezca 3.4% en 2021, y que el PIB del país alcance aproximadamente US $84.50 mil millones en 2021 y US $8.7 mil millones para 2022.
Acercándose a Semana Santa, la fiesta más larga del año en el país, el Departamento de Turismo de Guatemala está tomando diversas acciones para apoyar la cadena de valor del turismo y lograr la recuperación económica.
INGUAT está promoviendo actividades de promoción turística, por ejemplo #Guaterapia, para inspirar a los salvadoreños a venir a Guatemala a disfrutar del paisaje natural y la cultura.
La tercera ola de COVID-19 afecta a la industria turística de Guatemala. Giammattei dijo que controlar a los pasajeros será una de las medidas para reducir la tercera ola de coronavirus del país.
Guatemala ha expandido el mercado de deuda internacional mediante la emisión de grandes cantidades de fondos en respuesta al COVID-19.
Desde finales de enero de 2020, hasta finales de septiembre de 2020, el número de empleos en el sector privado formal disminuyó en 118,000 (alrededor del 11%). En comparación con la capacidad media anual de creación de empleo formal (10,000) de los últimos años, esta contracción equivale a perder diez u once años de ganancias en la creación de empleo. Los datos de 2021 aún no se han revelado.
El 26 de abril, la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, se reunió con el presidente guatemalteco Alejandro Giammattei a través de Zoom y anunció que los Estados Unidos proporcionarán 310 millones de dólares estadounidenses para ayuda humanitaria y para abordar la inseguridad alimentaria en Guatemala, Honduras y El Salvador.
Las autoridades están aumentando el gasto en salud y las transferencias a los grupos más vulnerables mientras relajan la política monetaria, amplían la oferta de liquidez y toman medidas de apoyo prudentes.
Las condiciones económicas de Estados Unidos y otros socios comerciales han continuado deteriorándose, empeorando las perspectivas de las exportaciones guatemaltecas.
El gobierno de Guatemala proporcionó liquidez temporal a por lo menos 4,500 pequeñas y medianas empresas, de las cuales 2,000 de los empresarios son mujeres.
El gobierno de Guatemala tiene previsto ampliar el programa de sustitución salarial para los trabajadores formales en excedencia del sector privado. El gobierno también planifica expandir la cobertura del programa de transferencias de efectivo para hogares del 5% al 10% (es decir, de 166,000 hogares en el 2019 a 330,000 en el 2022).

Inclusión social y cultural

La pandemia representa una grave amenaza para la seguridad alimentaria. El COVID-19 ha impactado con mayor severidad a las comunidades indígenas marginadas y vulnerables de Guatemala, las cuales, especialmente en zonas rurales, enfrentan dificultades y desigualdades en el acceso a los servicios de salud. Para resolver este problema, en el año 2021, el gobierno de Guatemala está impulsando un cambio digital en el campo de los servicios de salud.

En Guatemala, entre el 60 y el 70% de la población vive en la pobreza y cada hogar cuenta con una o dos habitaciones, lo que plantea dificultades para que los ciudadanos puedan aislarse en su hogar. Al mismo tiempo, debido a la infraestructura médica limitada, no todos los pacientes positivos por COVID-19 pueden ser enviados a hospitales para su aislamiento.
El sistema de salud de Guatemala es débil y los servicios médicos especializados se concentran en pocos centros urbanos.
La tercera ola de coronavirus vuelve a poner el sistema médico guatemalteco bajo presión. El aumento del número de las infecciones por COVID-19 llevó al Ministerio de Salud del país a anunciar una alerta roja en la red hospitalaria este abril.
La libertad de prensa enfrenta amenazas. Desde que el COVID-19 comenzó a propagarse en Guatemala en marzo de 2020, los ataques verbales del gobierno contra periodistas se han vuelto más frecuentes y prominentes. Además, las autoridades han restringido el acceso a la información sobre la pandemia.
Las autoridades están amenazando y acosando a los periodistas, enviando a policías y soldados a vigilar, intimidar, robar y golpear a los periodistas que denunciaron actos de corrupción. Entre ellos, las mujeres periodistas enfrentan mayor violencia.
El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala (MSPAS), con el apoyo técnico de la Organización Panamericana de la Salud/Organización Mundial de la Salud (OPS/OMS), el gobierno sueco y la Unión Europea, lanzó la primera red de telemedicina en tiempo real. La red va a ayudar a reducir la desnutrición infantil y las muertes maternas en comunidades rurales.
La corrupción en el sector de la salud afecta la cobertura y provisión de cuidados médicos. El personal médico guatemalteco enfrenta desafíos, como atrasos salariales e insuficiente disponibilidad de equipo de protección personal, para desarrollar sus tareas durante la pandemia. A los trabajadores de derechos humanos les parece inaceptable los recientes escándalos de corrupción sobre las pruebas de COVID-19.
Los huracanes Eta e Iota han agravado la crisis humanitaria y de derechos humanos en Guatemala. Los deslizamientos de la tierra y las inundaciones a gran escala causadas por las dos huracanes afectaron a 900,000 niños. Hasta mediados de diciembre de 2020, unos 2,000 niños vivían en refugios.
Los informes de violencia doméstica en Guatemala han aumentado debido a las presiones económicas y la reducción de ingresos, pero las medidas de toque de queda dificultan la tarea de los defensores de los derechos humanos ante la creciente violencia.
Hasta mayo de 2021, 253 mujeres han sido asesinadas por razones de género en Guatemala, una tendencia preocupante en comparación con 2020, ya que la impunidad sigue siendo la norma.
Tras meses de discurso público violento impulsado por funcionarios públicos y la sociedad en general, 13 personas LGBTQ+ han sido asesinadas durante los primeros 6 meses de 2021. Actualmente no hay leyes que protejan a las personas de la discriminación por su orientación sexual o identidad de género.
Guatemala, especialmente los departamentos de Quiché y San Marcos, tiene una alta tasa de desnutrición. Debido a la reducción de ingresos, 1.2 millones de personas necesitan asistencia alimentaria de emergencia. El gobierno guatemalteco está distribuyendo canastas de alimentos para brindar alivio a esta situación.
El Gobierno de Guatemala amplió el acceso a los servicios de salud para todos los estudiantes de preescolar y primaria, proporcionando comidas escolares en casa cuando las escuelas están cerradas.

OTOÑO 2021

Gobernanza y estado de derecho

Guatemala ha enfrentado muchos desafíos en ejecutar un programa de vacunación eficiente. Mientras que el país ha recibido donaciones de vacunas de muchos países del primer mundo, parece que los retos logísticos ahora están obstaculizando los esfuerzos gubernamentales.

Para octubre de 2021, Guatemala había logrado colocar 7,3 millones de vacunas en solo un 15,6 por ciento de la población.
El país ha visto una disminución constante en el número de nuevos casos a lo largo de los últimos meses. El número promedio de nuevas infecciones ha disminuido en más de 620 en las últimas tres semanas.
El gobierno guatemalteco ha recibido vacunas de muchos países. Rusia donó más de 2 millones de su vacuna, Sputnik V. Los Estados Unidos donó 4,5 millones.
Los Estados Unidos han instituido una política que exige a los visitantes internacionales que hayan recibido una vacuna aprobada por la FDA o que haya recibido una lista de uso de emergencia de la Organización Mundial de la Salud. Esto excluye a los viajeros vacunados con la vacuna rusa Sputnik V, de la cual Guatemala ha recibido más de 8 millones de dosis.
Adicionalmente, el mecanismo COVAX sigue dando vacunas al país. Guatemala ha recibido más de 2,1 millones de dosis del programa.
El gobierno está enfrentando desafíos dirigiendo la estrategia de vacunación. No se preparó para recibir y repartir vacunas, y sus suministros pueden caducar.
La campaña de vacunación ha evaluado la flexibilidad del gobierno por todos niveles. Leyes viejas sobre la industria médica han entorpecido la adquisición de vacunas y requieren que el congreso cambie políticas rápidamente.
El congreso sigue aprobando leyes para buscar fondos de emergencia. La más reciente fue aprobada el 13 de septiembre.
El narcotráfico sigue siendo problemático. 90 por ciento de la cocaína consumida en los Estados Unidos viaja por Guatemala. Mientras la pandemia deprimió los precios de las hojas de coca, las incautaciones de cocaína en los Estados Unidos siguen en aumento. Los narcotraficantes utilizan áreas remotas de la selva guatemalteca como pistas de aterrizaje en el camino para llevar cocaína a los Estados Unidos para su venta.

Desarrollo económico e innovación

Guatemala está en el foco del cambio climático, en sus consecuencias y políticas. A medida que Guatemala regresa a niveles más altos de actividad económica, los sectores agrícolas han sufrido debido a cambios climáticos, los cuales hacen que algunas áreas del país no sean utilizables para la agricultura.

Debido al cambio climático, las sequías y las fuertes lluvias hacen que los cultivos no puedan crecer. Esto ha desplazado a muchos trabajadores agricultores y ha creado una crisis migratoria.
La Ciudad de Guatemala está desarrollando un sistema de autobuses electrificados.
Por un trato con el programa de desarrollo de las Naciones Unidas, se implementan programas nuevos en la Ciudad de Guatemala, centrandose en atraer capital riesgo para superar la crisis económica provocada por la pandemia.
Se espera que la recuperación gradual de la economía local mejore la inseguridad alimentaria agregada. Las proyecciones muestran una disminución de 1 millones de personas en la inseguridad alimentaria en los próximos cinco meses en comparación con los cinco anteriores.
La autoridad de los impuestos firmó un trato con el gobierno de Perú para facilitar el comercio entre los países. El comercio entre ellos valió de más de 350 millones de dólares en los años recientes.
Tras del uso de bitcoin como moneda legal en El Salvador, el banco central guatemalteco ha dicho que está estudiando el uso de las criptomonedas en Guatemala.
La floración de algas en el lago de Atitlán, a causa de la escorrentía de fertilizantes y aguas residuales, sigue amenazando la salud de los residentes, especialmente la de los indígenas.
El Banco Central Americano para Integración Económica aprobó 510 millones de dólares para proyectos en el campo , especialmente para promover acceso a la medicina.
Más de un tercio de los Guatemaltecos trabaja en el sector agrícola. Tener acceso a nuevas tecnologías y mercados de productos agrícolas es clave para la recuperación económica.

Inclusión social y cultural

Guatemala ha visto el efecto de “empuje y tirón” de la inmigracion durante toda la pandemia. Mientras el flujo sigue hacia los Estados Unidos para buscar oportunidades y escapar la violencia y el narcotráfico, las políticas migratorias estrictas de los Estados Unidos y México empujan a los migrantes a áreas remotas del país.

Las comunidades indígenas han sido afectadas desproporcionadamente por la pandemia, sufriendo por falta de acceso de medicina, vacunas y recursos para la recuperación social y económica.
A pesar de los efectos desproporcionados de la situación actual en los pueblos indígenas, el gobierno está investigando la historia. La fundación guatemalteca de antropología forense, junto a la oficina de derechos humanos, empezó a investigar un genocidio que occuría mientras la Guerra civil en los años 1980 contra la gente indígena. Los esfuerzos han empezado en una antigua guarnición militar donde hubo una masacre en 1988.
Los guatemaltecos indígenas han expresado descontento con el liderazgo del presidente Giammattei.
Bajo presión de la administración del Presidente Biden, el gobierno mexicano ha expulsado migrantes y solicitantes de asilo, forzandolos a entrar en la selva guatemalteca. En un viaje a Guatemala en junio, la vicepresidente Kamala Harris dijo “Si vienen a nuestra frontera, les vamos a hacer volver” sobre los migrantes guatemaltecos.
La violencia de género sigue siendo un problema para Guatemala. Muchas mujeres huyen a otros países a causa de la misma.
La presencia indígena aumenta en las conferencias sobre el cambio climático y política ambiental. El sector agrícola es clave para la recuperación económica y el más afectado por el cambio climático, y donde trabaja la mayoría de la gente indigena.
La desinformación ha sido un factor en la campaña de vacunas, ocasionando incidentes de ciudadanos que están en contra de la vacuna que han intentado bloquear a hospitales y clínicas que la administran.

Consulte las siguientes fuentes:

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