Nicaragua

Otoño 2021

Gobernanza y estado de derecho

La vicepresidenta Rosario Murillo, el presidente Daniel Ortega y el secretario general de la OEA en una reunión en 2012.

«Secretary General Attends Meeting of SICA Presidents» de OEA – OAS está bajo una licencia CC BY-NC-ND 2.0.
  • Nicaragua tiene seis permisos de ONGs cancelados como sanción por arrestar a oponentes políticos en la administración del presidente Daniel Ortega. Esto es una indicación de los efectos que la administración de Ortega ha tenido, que por seguir su agenda política está dañando a la población nicaragüense. La UE ha acusado al gobierno nicaragüense de devaluar la democracia y cometer “serias violaciones de los derechos humanos».
  • Ahora, catorce oficiales gubernamentales han sido sancionados por la Unión Europea después de la sanción de ocho oficiales más, distanciado la relación que el país tiene con las instituciones internacionales que han ayudado a Latino América en la pandemia. 
  • Hasta ahora, el gobierno de Daniel Ortega ha detenido a más de 33 figuras de oposición a su gobierno, acusándolos de traición, tres meses antes de las elecciones. Sin embargo, la acusación no ha sido confirmada ni verificada. 
  • La UE ha tratado de promover el diálogo entre entidades internacionales y oficiales nicaragüenses. Sin embargo, el gobierno nicaragüense ha incrementado la represión con las elecciones que se acercan el 7 de noviembre para poder asegurar la victoría de Ortega. Los nicaragüenses han sido privados de su derecho a elegir un representante y al contrario son sujetos de un país no democrática. 
  • Desde junio, más de siete candidatos para la presidencia han sido encarcelados por la policía haciendo que Ortega no pueda ser derrotado. Esto ha causado atención internacional de la falta de democracia que se está flojeando en Nicaragua. Con las elecciones, la administración de Biden, con otros compañeros internacionales han tratado de imponer sanciones ya que consideran que estas elecciones son ilegítimas.
  • Nicaragua ha sido condenada con sanciones de Estados Unidos. La administración pide la liberación de los candidatos presidenciales Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Juan Sebastian Chamorro, entre otros. El gobierno de Estados Unidos reclama que el gobierno de Ortega está desafiando “la comunidad internacional y vamos a seguir respondiendo.” El problema es solo poner las sanciones que afecten a los representantes gubernamentales que no afecte a la población  nicaragüense. 
  • Campesinos le han pedido a la OEA que no consideren a Daniel Ortega como su presidente y que el Movimiento Campesino no formará parte de las elecciones ya que su voto no va servir en unas elecciones antidemocráticas. Esto no solo viene del lado de los campesinos. Otros que se oponen a las elecciones han sacado un video musical que le pide a los nicaragüenses en contra del gobierno de Ortega que no salgan de su casa el 7 de noviembre, el día de las elecciones. 
  • El video musical fue hecho en Costa Rica ya que en Nicaragua hubiera sido censurada por los oficiales gubernamentales. Presiona aquí para ver el video completo. El mensaje principal es “quédate en casa porque así no secuestran nuestro derecho de elegir.” 

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Desarrollo económico e innovación

El campo nicaragüense.

«Nicaragua Countryside» de JetPunk.com está bajo una licencia CC BY-SA 2.0.
  • Nicaragua empezó a administrar la vacuna cubana a niños, siendo el segundo país de Latino América de utilizar la vacuna cubana a pesar del hecho que la vacuna todavía no ha sido aprobada por la OMS. Sin embargo la vacuna a menores de edad es opcional. Además, jóvenes de edades 18 para arriba pueden ponerse la Sputnik Light, la vacuna rusa de una dosis aprobada para uso de emergencia pero no por la OMS. 
  • A pesar de que la vacuna a menores de edad es opcional la vacuna cubana que será utilizadas en niños entre las edades de 2 a 17, causa una preocupación debido a que todavía permanece una falta de confianza en la efectividad de la vacuna cubana ya que no ha pasado la Fase 3 de la aprobación vacunatorio. La Fase 3 es la fase en la cual la vacuna es administrada a miles de personas para probar su efectividad.
  • La Prensa, el periódico más grande y notoria de Nicaragua ha sido suspendida para sacar ediciones en prensa y solo puede publicar historias de forma digital. El periódico ya no podrá estar en prenta lo cual limita el acceso de información a las personas que no tienen acceso a la tecnología. Eso limita la información que puede ser distribuída que puede dañar la imagen de Ortega, y es una violación de la libertad de prensa. 
  • La pobreza de la población ha aumentado de 13.5% a 14.7% entre 2019 y 2020, causando que 90,000 personas ahora están en una condición de pobreza. 
  • La pandemia ha forzado a muchos nicaragüenses a migrar dado a las situaciones socioeconómicas, que ha dejado a muchos con solo una comida por día, por trabajar de forma informal para poder obtener comida. 
  • Sin embargo, las restricciones de la frontera nicaragüense ha causado complicaciones para los que intentan fugar el país pero no pueden.
  • Estados Unidos ha parado la ayuda que le puede brindar al gobierno de Ortega. La administración de Biden ha revisado la posición de Nicaragua en el tratado de comercio libre centroamericano e incrementó las sanciones rompiendo las relaciones democráticas entre los dos países. La situación política y las acciones de Ortega debilitan la cooperación entre países.
  • Investigadores descubrieron más de 1,300 cuentas en Facebook e Instagram que han sido utilizadas para omitir la oposición política que pueda ser utilizada para influir en contra de Ortega. 
  • La campaña de cuentas falsas fue utilizada para promover el gobierno de Ortega. Más de 937 cuentas y 24 grupos de Facebook falsas fueron encontradas haciendo que estas elecciones solo sean más ilegítimas. 
  • Las sanciones de la UE han sido prolongadas hasta el 15 de octubre de 2022. Las sanciones solo aplican a los 14 individuos gubernamentales y están expuestos a activos  congelados, y que las entidades de la UE no puedan darles ningún tipo de fondos. La UE no va hacer ninguna sanción que afecte a la población nicaragüense.

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Inclusión social y cultural

Vendedores ambulantes en Granada.

«Nicaragua» de elaine faith está bajo una licencia CC BY-NC-ND 2.0.
  • Ortega pide respeto e intenta silenciar las acusaciones de los abusos de los derechos humanos que han ocurrido contra las oposiciones de su gobierno. 
  • Además, el presidente llamó a los obispos de la religión Católica Romana, “terroristas»,después de el rol que tuvieron siendo mediadores entre el gobierno y la oposición durante el golpe de estado que fue intentado en 2018 y por apoyar a los opositores. 
  • Más de 50 países le han pedido a la ONU ayuda para liberar a las figuras políticas que han sido detenidas a lo largo de estos meses previos a las elecciones. Una ley en diciembre formalizó que un “traidor” del Estado tiene una sentencia de quince años en la cárcel. Sin embargo, el término “traidor” es bastante amplio y tiene muchas definiciones. 
  • Esto es una indicación de la falta de protección que tienen los periodistas ante la ley del país y la ley de los derechos humanos en términos del peligro que corren al publicar noticias que van en contra del Estado. 
  • Juan Lorenzo Holmann, el director de La Prensa, ha sido detenido por más de 62 días y teme que va perder la vista y nunca ver a su madre de nuevo. Su esposa indica que algunos de los detenidos no reciben medicaciones. Hasta ahora, Holmann ha estado sufriendo de una condición de ojo, hipertensión, desmayos y no tiene idea del tipo de medicación que está recibiendo. No solo están detenidos injustamente pero son sujetos a tratamiento abusivo y falta de resto de estar encarcelado por ninguna razón legal. Además, La Prensa, al estar controlado por el gobierno nicaragüense, la información no es indicativa de la situación política y la crisis sanitaria. 
  • Desde diciembre del 2020, las ONGs que quieren ayudar al país se tienen que registrar como “agentes extranjeros,” al entrar a Nicaragua, impidiendo la ayuda humanitaria y prohibiendo la influencia extranjera de otros países. Restricciones de VISA han sido impuestas por el Departamento de Estados Unidos debido a las leyes de “agentes extranjeros” que fue creada. La restricción fue puesta a 100 miembros de la asamblea nacional de Nicaragua para demostrar que internacionalmente Nicaragua es visto como un país con falta de cooperación en el escenario internacional. 
  • Sigue habiendo una lucha por los derechos LGTB en Nicaragua. En 2020, la administración de Ortega firmó La ley de “agentes extranjeros», que básicamente hace que cualquier organización que recibe dinero de forma extranjera sea considerada un agente extranjero. La restricción de VISA de Estados Unidos es para demostrar que la ley es una falta de democracia y violación a los derechos humanos ya que no permite a todos en el país de tener representación justa.  La falta de apoyo para los derechos LGTB ha causado que muchas de las donaciones hacia estas organizaciones sean extranjeras. Al ser registrado como un agente extranjero personas que forman parte de la organización no pueden participar y correr para un puesto gubernamental. Recientemente, la administración Ortega ha estado intentando cerrar la Fundación Xochiquetzal, la organización más antigua que lucha por los derechos LGTB. Esta es una de las varias ONGS que el gobierno de Ortega ha tratado de cerrar. 

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Verano 2021

Gobernanza y estado de derecho

  • El presidente Ortega y su administración han sido criticados por líderes de la oposición, periodistas y defensores de derechos humanos por su respuesta negligente y represiva a la pandemia. Las encuestas indican que aproximadamente el 70% de los nicaragüenses desaprueba la respuesta del gobierno al coronavirus.
  • En abril, el presidente Ortega denunció las medidas de aislamiento y cuarentena como métodos radicales que dañarían al país y ha descuidado públicamente el distanciamiento social. El gobierno continuó manteniendo abiertas las escuelas y los negocios además de alentar a la gente a seguir yendo a restaurantes, tiendas y reuniones.
  • La transparencia del gobierno en la notificación de casos sigue siendo un problema. Nicaragua es el único país centroamericano que no ha publicado cifras sobre cuántas pruebas ha efectuado y sus resultados. Organizaciones independientes, como el Observatorio Ciudadano (observatorioni.org), afirman que el gobierno no brinda información, motivo por el cual proporcionan sus propias estadísticas de casos y muertes por COVID-19. El Financial Times afirma que hay un 90% de subregistro de muertes en Nicaragua.
  • En octubre, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley propuesto por el presidente Ortega que requiere que cualquier persona que reciba fondos del exterior se registre como “agente extranjero”, lo que los somete a un estrecho seguimiento y restricciones a sus derechos cívicos y políticos. Esta política ya ha provocado el cierre de dos instituciones que promueven la libertad de expresión.
  • El presidente Ortega dijo que las ONG en Nicaragua están promoviendo actividades terroristas que están desestabilizando al gobierno, en referencia a las manifestaciones públicas que causaron cientos de muertes y detenciones de decenas de miles.
  • En octubre, el Congreso aprobó una ley sobre delitos informáticos que también fue propuesta por el presidente Ortega. La reforma legal permitirá que los opositores al gobierno sean condenados a cadena perpetua por difundir información que el gobierno considera «noticias falsas». Esto puede aplicarse a los periodistas que critican la respuesta del gobierno a la pandemia. 106 ONG y 20 periodistas han interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley.
  • El gobierno ha encarcelado a quienes se pronuncian contra la administración de Ortega, dejando a Nicaragua con una de las peores tasas de hacinamiento en cárceles de América Latina. Estas condiciones exacerban la amenaza del COVID-19 para los presos. No obstante, el presidente Ortega ha desestimado las acusaciones internacionales de tortura de presos políticos.
  • El gobierno nicaragüense también ha tomado medidas contra los disidentes entre los trabajadores sanitarios que han argumentado que la distribución de equipo de protección personal es inadecuada. Al menos 10 trabajadores de la salud fueron despedidos por expresar su preocupación por la respuesta del gobierno.
  • En febrero de 2021, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 406 que extiende el periodo durante el cual una persona puede ser detenida de 48 horas a 90 días, lo que que plantea serias ramificaciones para los opositores políticos que sean detenidos.
  • La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelete, ha advertido que las nuevas leyes en Nicaragua están erosionando el estado de derecho en el país y socavando las libertades fundamentales.
  • En preparación para las elecciones de noviembre, siete partidos de la oposición han creado la Coalición Nacional con la esperanza de “reedificar la democracia.” La ONU ha exigido que el gobierno de Ortega adopte reformas electorales para una «elección libre, justa y transparente» y los movimientos juveniles nacionales han pedido lo mismo.
  • El Gobierno de Biden afirmó que el presidente Ortega está llevando a su país «hacia la dictadura,» y la UE ha extendido las sanciones impuestas debido a la represión del gobierno contra opositores políticos y las violaciones de los derechos humanos. El Parlamento Europeo también ha declarado que en Nicaragua no existen condiciones para una elección libre, justa y transparente.
  • En abril de 2021, Ortega aprobó reformas electorales que le dan mayor control de la policía nacional y restringen la financiación de los partidos de oposición. En respuesta, 48 organizaciones, incluidos los principales partidos de la oposición, firmaron un comunicado rechazando la iniciativa.
  • Entre mayo y junio de 2021 fueron encarcelados 26 opositores políticos del régimen Ortega-Murillo. Entre ellos hay periodistas, líderes sociales y 6 candidatos presidenciales declarados para las elecciones de noviembre de 2021. Se les acusa de traición a la patria y de recibir fondos extranjeros ilegalmente. No se les ha dado acceso a representación legal, y se les impedirá registrar sus candidaturas y participar en las elecciones, facilitando el esfuerzo de Ortega de gobernar por cuarta ocasión. Esto ha provocado que intelectuales, periodistas y políticos huyan de Nicaragua por miedo a ser detenidos.
  • Después de que los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenaran de forma abrumadora el encarcelamiento por parte de Ortega de sus opositores políticos y candidatos de la oposición antes de las próximas elecciones presidenciales, Ortega ha descalificado a la OEA, llamándola una «cloaca», mientras que el embajador de Nicaragua ante esta organización ha denunciado esta medida como una injerencia en la política y los asuntos internos de Nicaragua. Ambos  ignoran los casos documentados de colaboración entre el gobierno de Nicaragua y la OEA. Además, 59 países en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por la creciente crisis. 
  • Expertos de diferentes ONG, como Urnas Abiertas y Human Rights Watch, han considerado que el próximo proceso electoral carece de transparencia y legitimidad, está plagado de violencia política y no está a la altura de las normas internacionales para unas elecciones justas y libres, ya que el país se ha convertido abiertamente en una «dictadura familiar». También han denunciado al menos 255 actos de violencia política durante los primeros días de junio.

Desarrollo económico e innovación

  • Se estima que Nicaragua contaba con tan solo 160 ventiladores disponibles al comienzo de la pandemia, y con menos de 1 cama de hospital por cada 1.000 personas. Estudios revelan que Nicaragua tiene una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo.
  • Decenas de trabajadores de la salud han renunciado a su trabajo debido a la falta de recursos y equipos adecuados en los hospitales públicos y privados, lo que debilita aún más el ya frágil sistema de salud. A finales de agosto, 107 trabajadores de la salud habían muerto a causa de COVID-19.
  • Aproximadamente un tercio de los nicaragüenses vive actualmente en la pobreza y el 10% vive en la pobreza extrema. Los efectos económicos de la pandemia han exacerbado esta situación y se espera que la tasa de pobreza aumente entre un 4% y un 6%.
  • Las industrias agrícola, manufacturera, energética y del agua han experimentado disminuciones en las tasas de producción o actividad desde abril. Se estima que la cosecha de café será un 10% menor que en 2019 y el ganado experimentó una disminución del 7.2%  en las tasas de matanzas.
  • La Zona Franca, zona de libre comercio donde se concentran las actividades industriales, cerrará en el 2020 con un saldo negativo alcanzando niveles de exportación que se remontan a 2009. Miles de personas han perdido sus puestos de trabajo y la industria textil se ha visto especialmente afectada. Afortunadamente, se esperan mejoras en la producción de las empresas textiles en 2021.
  • Según el Banco Central de Nicaragua, el PIB disminuyó 2% en el 2020, siguiendo una tendencia de contracción económica desde 2018. Aunque, el Ministro de Hacienda y Crédito Público predice que habrá un incremento de 2.5% en 2021 según . El sector de las bienes raíces está mejorando, con los bancos proporcionando más préstamos a pesar de que están siendo más cautelosos en su análisis de riesgos.
  • Los vuelos internacionales estaban destinados a regresar a Managua a finales de 2020. Sin embargo, American Airlines, United Airlines y Aeroméxico han retrasado los vuelos. Nicaragua nunca emitió un decreto para cerrar completamente su sector turístico, cerró en el 2020 con las cifras más negativas de los últimos cinco años, con un descenso en ingresos del 65.8% desde 2019
  • Los precios de los hidrocarburos han aumentado continuamente en 2021, de 24.24 córdobas por litro a finales de 2020 a 31.21 córdobas a principios de 2021. Actualmente, Nicaragua tiene los precios de hidrocarburos más altos de Centroamérica. Esto ha contribuido a que el precio de la canasta básica se dispare y está excediendo los ingresos de la mayoría de los nicaragüenses. 
  • Debido a la escasez mundial de materias primas y a un sistema tributario restrictivo, la industria del plástico nicaragüense está perdiendo competitividad en Centroamérica a pesar del aumento de la demanda de suministros médicos plásticos.
  • Debido a los brotes de COVID-19 en las plantas procesadoras de carne de Estados Unidos, el sector mayorista norteamericano recurrió a Nicaragua en busca de suministro extranjero de carne. Nicaragua es ahora el tercer proveedor más grande de carne de res congelada a los EE. UU., y sus importaciones han alcanzado un máximo histórico durante la pandemia.
  • El paso de los huracanes Eta y Iota por Nicaragua provocó daños en la infraestructura del país y dejó numerosas personas heridas. El huracán aumentó significativamente el riesgo de contagio de COVID-19, especialmente para las personas que residen en refugios temporales. Además, la calidad de las cosechas de plátano y manzana sufrieron debido a las fuertes lluvias.
  • A principios de 2021, el gobierno aprobó un aumento del 1% en los salarios mínimos para los trabajadores de micro, pequeñas y medianas empresas en  las industrias artesanales y turísticas nacionales.
  • Hasta ahora, Nicaragua sólo ha aprobado la vacuna Sputnik V de Rusia y recibió su primera donación a principios de febrero de 2021. Posteriormente, en marzo, recibió su primer lote de AstraZeneca a través del programa COVAX de la OMS.
  • La Asamblea Nacional aprobó la Ley 842 a principios de febrero después de un gran rechazo por parte del sector privado. Según esta ley, las instituciones financieras no pueden cancelar cuentas sin motivos respaldados por la legislación nacional, obligándolas a cooperar con los que han sido sancionados por gobiernos extranjeros y permitiendo que el gobierno las demande si no cumplen.
  • Los miembros del Parlamento Europeo votarán el 8 de julio para aplicar sanciones directamente a Ortega, Murillo y sus aliados más cercanos en un esfuerzo por ayudar a proteger al pueblo de Nicaragua y sus procesos democráticos. Nicaragua podría ser excluida del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea en virtud de la cláusula democrática. Las sanciones incluirían disposiciones para que la ayuda humanitaria y las oportunidades económicas se canalicen hacia la población y los activistas de derechos humanos a través de las ONG y la sociedad civil. 
  • El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos ha aprobado la Ley Renacer, que amplía los motivos para sancionar a los funcionarios del régimen nicaragüense y pide que se revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, la República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta).

Inclusión social y cultural

  • La acción comunitaria y el alcance de la organización cívica explican la mayor parte de la respuesta ante la pandemia en Nicaragua. La UNAB ha proporcionado botiquines de prevención y alimentos a varias comunidades en todo el país.
  • Miles de nicaragüenses han huido a Costa Rica como consecuencia de la crisis de derechos humanos que estalló en abril del 2018. Costa Rica ha recibido 116,000 solicitudes para refugio de nicaragüenses. El ministro de relaciones exteriores costarricense ha instado a Nicaragua a implementar reformas electorales para lograr una resolución pacífica a través de un voto justo.
  • Los nicaragüenses han estado tratando de regresar a casa desde Costa Rica debido al aumento de la xenofobia y la preocupación por el abrumado sistema de salud costarricense. El gobierno de Nicaragua exige que los retornados de Costa Rica presenten resultados negativos de la prueba COVID-19; sin embargo, la mayoría no puede pagar el costo de una prueba que oscila entre $60 y $100, encontrándose varados en la frontera.
  • El Ministerio de la Mujer realizó una feria comunitaria –“Mujeres por la vida”– que promueve programas de derechos humanos, empoderamiento económico y prevención de la violencia. Asistieron más de 300 mujeres lideresas y empresarias.
  • Las mujeres de las comunidades indígenas de todo el país están colaborando para establecer seguridad y soberanía alimentaria en medio de la pandemia. La producción de alimentos y la generación de ingresos han mejorado para 80 mujeres indígenas de 115 comunidades.
  • La ONU ha incluido a Nicaragua entre los 10 países con mejor igualdad de género en el mundo. Desde 2007, el gobierno ha implementado más de 40 programas socioeconómicos destinados a empoderar a las mujeres.
  • Según Observatorio Voces Contra la Violencia, 69 casos de feminicidio ocurrieron en 2020. Los datos de la Policía Nacional también han revelado un aumento de la violencia sexual. Debido a la cuarentena, más mujeres han sido sometidas a violencia doméstica en el hogar.
  • La reforma al código penal y a la ley integral contra la violencia contra la mujer aprobada en febrero permite sentencias de cadena perpetua por casos de feminicidio, mutilación de genitales femeninos y otros actos de misoginia cometidos en presencia de los hijos de la víctima.
  • Las poblaciones indígenas están experimentando violentas invasiones de tierras a manos de empresas que toman sus tierras para la cría de ganado. El reciente aumento de las exportaciones de carne de res a los Estados Unidos ha aumentado los ataques.
  • Los agricultores se han enfrentado a un deterioro de las condiciones de seguridad durante la pandemia. Ha habido un aumento de robos de tractores, bombas eléctricas y equipos de riego. La policía ha confiscado pistolas, escopetas y rifles, por lo que los agricultores no tienen forma de defenderse de los ladrones.
  • El gobierno desarrolló un plan –“Mi vida sin drogas: paz y futuro”– para generar conciencia entre los jóvenes y sus familias sobre prácticas saludables para vivir libres de adicciones a las drogas.
  • La administración del presidente Ortega canceló las visas de sacerdotes extranjeros y cerró los centros de formación de la Iglesia. También ha habido informes de múltiples ataques de grupos paramilitares contra sacerdotes e iglesias que han criticado la laxa respuesta del gobierno a la pandemia.
  • El complejo penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, es uno de los principales destinos de los detenidos por denunciar violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Abogados confirman que muchos activistas sociales están encarcelados bajo cargos de tráfico de drogas a pesar de no tener asociación alguna con esa práctica. Los reclusos informan sobre el hacinamiento, la falta de agua y atención médica que han creado un caldo de cultivo para el virus.
  • Un grupo de jóvenes opositores, Coalición Nacional, ha pedido la liberación de cientos de presos políticos. De acuerdo a sus informaciones, cerca de 3.000 personas han sido detenidas sin orden judicial ni debido proceso.
  • Antes de las elecciones de 2021, muchos trolls, cuentas falsas y bots maliciosos han plagado las redes sociales en el país. Después del anuncio del líder de Creó, George Henríque Cayasso del Partido Yatama en la Coalición Nacional, ha habido ataques a su raza en las redes sociales.

Primavera 2021

Gobernanza y estado de derecho

  • El presidente Ortega y su administración han sido criticados por líderes de la oposición, periodistas y defensores de derechos humanos por su respuesta negligente y represiva a la pandemia. Las encuestas indican que aproximadamente el 70% de los nicaragüenses desaprueba la respuesta del gobierno al coronavirus.
  • En abril, el presidente Ortega denunció las medidas de aislamiento y cuarentena como métodos radicales que dañarían al país y ha descuidado públicamente el distanciamiento social. El gobierno continuó manteniendo abiertas las escuelas y los negocios además de alentar a la gente a seguir yendo a restaurantes, tiendas y reuniones.
  • La transparencia del gobierno en la notificación de casos sigue siendo un problema. Nicaragua es el único país centroamericano que no ha publicado cifras sobre cuántas pruebas ha efectuado y sus resultados. Organizaciones independientes, como el Observatorio Ciudadano (observatorioni.org), afirman que el gobierno no brinda información, motivo por el cual proporcionan sus propias estadísticas de casos y muertes por COVID-19. El Financial Times afirma que hay un 90% de subregistro de muertes en Nicaragua.
  • En octubre, la Asamblea Nacional aprobó un proyecto de ley propuesto por el presidente Ortega que requiere que cualquier persona que reciba fondos del exterior se registre como “agente extranjero”, lo que los somete a un estrecho seguimiento y restricciones a sus derechos cívicos y políticos. Esta política ya ha provocado el cierre de dos instituciones que promueven la libertad de expresión.
  • El presidente Ortega dijo que las ONG en Nicaragua están promoviendo actividades terroristas que están desestabilizando al gobierno, en referencia a las manifestaciones públicas que causaron cientos de muertes y detenciones de decenas de miles.
  • En octubre, el Congreso aprobó una ley sobre delitos informáticos que también fue propuesta por el presidente Ortega. La reforma legal permitirá que los opositores al gobierno sean condenados a cadena perpetua por difundir información que el gobierno considera «noticias falsas». Esto puede aplicarse a los periodistas que critican la respuesta del gobierno a la pandemia. 106 ONG y 20 periodistas han interpuesto un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley.
  • El gobierno ha encarcelado a quienes se pronuncian contra la administración de Ortega, dejando a Nicaragua con una de las peores tasas de hacinamiento en cárceles de América Latina. Estas condiciones exacerban la amenaza del COVID-19 para los presos. No obstante, el presidente Ortega ha desestimado las acusaciones internacionales de tortura de presos políticos.
  • El gobierno nicaragüense también ha tomado medidas contra los disidentes entre los trabajadores sanitarios que han argumentado que la distribución de equipo de protección personal es inadecuada. Al menos 10 trabajadores de la salud fueron despedidos por expresar su preocupación por la respuesta del gobierno.
  • En febrero de 2021, la Asamblea Nacional aprobó la Ley 406 que extiende el periodo durante el cual una persona puede ser detenida de 48 horas a 90 días, lo que que plantea serias ramificaciones para los opositores políticos que sean detenidos.
  • La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelete, ha advertido que las nuevas leyes en Nicaragua están erosionando el estado de derecho en el país y socavando las libertades fundamentales.
  • En preparación para las elecciones de noviembre, siete partidos de la oposición han creado la Coalición Nacional con la esperanza de “reedificar la democracia.” La ONU ha exigido que el gobierno de Ortega adopte reformas electorales para una «elección libre, justa y transparente» y los movimientos juveniles nacionales han pedido lo mismo.
  • El Gobierno de Biden afirmó que el presidente Ortega está llevando a su país «hacia la dictadura,» y la UE ha extendido las sanciones impuestas debido a la represión del gobierno contra opositores políticos y las violaciones de los derechos humanos. El Parlamento Europeo también ha declarado que en Nicaragua no existen condiciones para una elección libre, justa y transparente.
  • En abril de 2021, Ortega aprobó reformas electorales que le dan mayor control de la policía nacional y restringen la financiación de los partidos de oposición. En respuesta, 48 organizaciones, incluidos los principales partidos de la oposición, firmaron un comunicado rechazando la iniciativa.
  • Entre mayo y junio de 2021 fueron encarcelados 26 opositores políticos del régimen Ortega-Murillo. Entre ellos hay periodistas, líderes sociales y 6 candidatos presidenciales declarados para las elecciones de noviembre de 2021. Se les acusa de traición a la patria y de recibir fondos extranjeros ilegalmente. No se les ha dado acceso a representación legal, y se les impedirá registrar sus candidaturas y participar en las elecciones, facilitando el esfuerzo de Ortega de gobernar por cuarta ocasión. Esto ha provocado que intelectuales, periodistas y políticos huyan de Nicaragua por miedo a ser detenidos.
  • Después de que los países miembros de la Organización de Estados Americanos (OEA) condenaran de forma abrumadora el encarcelamiento por parte de Ortega de sus opositores políticos y candidatos de la oposición antes de las próximas elecciones presidenciales, Ortega ha descalificado a la OEA, llamándola una «cloaca», mientras que el embajador de Nicaragua ante esta organización ha denunciado esta medida como una injerencia en la política y los asuntos internos de Nicaragua. Ambos  ignoran los casos documentados de colaboración entre el gobierno de Nicaragua y la OEA. Además, 59 países en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas han expresado su preocupación por la creciente crisis. 
  • Expertos de diferentes ONG, como Urnas Abiertas y Human Rights Watch, han considerado que el próximo proceso electoral carece de transparencia y legitimidad, está plagado de violencia política y no está a la altura de las normas internacionales para unas elecciones justas y libres, ya que el país se ha convertido abiertamente en una «dictadura familiar». También han denunciado al menos 255 actos de violencia política durante los primeros días de junio.

Desarrollo económico e innovación

  • Se estima que Nicaragua contaba con tan solo 160 ventiladores disponibles al comienzo de la pandemia, y con menos de 1 cama de hospital por cada 1.000 personas. Estudios revelan que Nicaragua tiene una de las tasas de mortalidad por COVID-19 más altas del mundo.
  • Decenas de trabajadores de la salud han renunciado a su trabajo debido a la falta de recursos y equipos adecuados en los hospitales públicos y privados, lo que debilita aún más el ya frágil sistema de salud. A finales de agosto, 107 trabajadores de la salud habían muerto a causa de COVID-19.
  • Aproximadamente un tercio de los nicaragüenses vive actualmente en la pobreza y el 10% vive en la pobreza extrema. Los efectos económicos de la pandemia han exacerbado esta situación y se espera que la tasa de pobreza aumente entre un 4% y un 6%.
  • Las industrias agrícola, manufacturera, energética y del agua han experimentado disminuciones en las tasas de producción o actividad desde abril. Se estima que la cosecha de café será un 10% menor que en 2019 y el ganado experimentó una disminución del 7.2%  en las tasas de matanzas.
  • La Zona Franca, zona de libre comercio donde se concentran las actividades industriales, cerrará en el 2020 con un saldo negativo alcanzando niveles de exportación que se remontan a 2009. Miles de personas han perdido sus puestos de trabajo y la industria textil se ha visto especialmente afectada. Afortunadamente, se esperan mejoras en la producción de las empresas textiles en 2021.
  • Según el Banco Central de Nicaragua, el PIB disminuyó 2% en el 2020, siguiendo una tendencia de contracción económica desde 2018. Aunque, el Ministro de Hacienda y Crédito Público predice que habrá un incremento de 2.5% en 2021 según . El sector de las bienes raíces está mejorando, con los bancos proporcionando más préstamos a pesar de que están siendo más cautelosos en su análisis de riesgos.
  • Los vuelos internacionales estaban destinados a regresar a Managua a finales de 2020. Sin embargo, American Airlines, United Airlines y Aeroméxico han retrasado los vuelos. Nicaragua nunca emitió un decreto para cerrar completamente su sector turístico, cerró en el 2020 con las cifras más negativas de los últimos cinco años, con un descenso en ingresos del 65.8% desde 2019
  • Los precios de los hidrocarburos han aumentado continuamente en 2021, de 24.24 córdobas por litro a finales de 2020 a 31.21 córdobas a principios de 2021. Actualmente, Nicaragua tiene los precios de hidrocarburos más altos de Centroamérica. Esto ha contribuido a que el precio de la canasta básica se dispare y está excediendo los ingresos de la mayoría de los nicaragüenses. 
  • Debido a la escasez mundial de materias primas y a un sistema tributario restrictivo, la industria del plástico nicaragüense está perdiendo competitividad en Centroamérica a pesar del aumento de la demanda de suministros médicos plásticos.
  • Debido a los brotes de COVID-19 en las plantas procesadoras de carne de Estados Unidos, el sector mayorista norteamericano recurrió a Nicaragua en busca de suministro extranjero de carne. Nicaragua es ahora el tercer proveedor más grande de carne de res congelada a los EE. UU., y sus importaciones han alcanzado un máximo histórico durante la pandemia.
  • El paso de los huracanes Eta y Iota por Nicaragua provocó daños en la infraestructura del país y dejó numerosas personas heridas. El huracán aumentó significativamente el riesgo de contagio de COVID-19, especialmente para las personas que residen en refugios temporales. Además, la calidad de las cosechas de plátano y manzana sufrieron debido a las fuertes lluvias.
  • A principios de 2021, el gobierno aprobó un aumento del 1% en los salarios mínimos para los trabajadores de micro, pequeñas y medianas empresas en  las industrias artesanales y turísticas nacionales.
  • Hasta ahora, Nicaragua sólo ha aprobado la vacuna Sputnik V de Rusia y recibió su primera donación a principios de febrero de 2021. Posteriormente, en marzo, recibió su primer lote de AstraZeneca a través del programa COVAX de la OMS.
  • La Asamblea Nacional aprobó la Ley 842 a principios de febrero después de un gran rechazo por parte del sector privado. Según esta ley, las instituciones financieras no pueden cancelar cuentas sin motivos respaldados por la legislación nacional, obligándolas a cooperar con los que han sido sancionados por gobiernos extranjeros y permitiendo que el gobierno las demande si no cumplen.
  • Los miembros del Parlamento Europeo votarán el 8 de julio para aplicar sanciones directamente a Ortega, Murillo y sus aliados más cercanos en un esfuerzo por ayudar a proteger al pueblo de Nicaragua y sus procesos democráticos. Nicaragua podría ser excluida del Acuerdo de Asociación de la Unión Europea en virtud de la cláusula democrática. Las sanciones incluirían disposiciones para que la ayuda humanitaria y las oportunidades económicas se canalicen hacia la población y los activistas de derechos humanos a través de las ONG y la sociedad civil. 
  • El Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos ha aprobado la Ley Renacer, que amplía los motivos para sancionar a los funcionarios del régimen nicaragüense y pide que se revise la participación de Nicaragua en el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, la República Dominicana y Centroamérica (DR-Cafta).

Inclusión social y cultural

  • La acción comunitaria y el alcance de la organización cívica explican la mayor parte de la respuesta ante la pandemia en Nicaragua. La UNAB ha proporcionado botiquines de prevención y alimentos a varias comunidades en todo el país.
  • Miles de nicaragüenses han huido a Costa Rica como consecuencia de la crisis de derechos humanos que estalló en abril del 2018. Costa Rica ha recibido 116,000 solicitudes para refugio de nicaragüenses. El ministro de relaciones exteriores costarricense ha instado a Nicaragua a implementar reformas electorales para lograr una resolución pacífica a través de un voto justo.
  • Los nicaragüenses han estado tratando de regresar a casa desde Costa Rica debido al aumento de la xenofobia y la preocupación por el abrumado sistema de salud costarricense. El gobierno de Nicaragua exige que los retornados de Costa Rica presenten resultados negativos de la prueba COVID-19; sin embargo, la mayoría no puede pagar el costo de una prueba que oscila entre $60 y $100, encontrándose varados en la frontera.
  • El Ministerio de la Mujer realizó una feria comunitaria –“Mujeres por la vida”– que promueve programas de derechos humanos, empoderamiento económico y prevención de la violencia. Asistieron más de 300 mujeres lideresas y empresarias.
  • Las mujeres de las comunidades indígenas de todo el país están colaborando para establecer seguridad y soberanía alimentaria en medio de la pandemia. La producción de alimentos y la generación de ingresos han mejorado para 80 mujeres indígenas de 115 comunidades.
  • La ONU ha incluido a Nicaragua entre los 10 países con mejor igualdad de género en el mundo. Desde 2007, el gobierno ha implementado más de 40 programas socioeconómicos destinados a empoderar a las mujeres.
  • Según Observatorio Voces Contra la Violencia, 69 casos de feminicidio ocurrieron en 2020. Los datos de la Policía Nacional también han revelado un aumento de la violencia sexual. Debido a la cuarentena, más mujeres han sido sometidas a violencia doméstica en el hogar.
  • La reforma al código penal y a la ley integral contra la violencia contra la mujer aprobada en febrero permite sentencias de cadena perpetua por casos de feminicidio, mutilación de genitales femeninos y otros actos de misoginia cometidos en presencia de los hijos de la víctima.
  • Las poblaciones indígenas están experimentando violentas invasiones de tierras a manos de empresas que toman sus tierras para la cría de ganado. El reciente aumento de las exportaciones de carne de res a los Estados Unidos ha aumentado los ataques.
  • Los agricultores se han enfrentado a un deterioro de las condiciones de seguridad durante la pandemia. Ha habido un aumento de robos de tractores, bombas eléctricas y equipos de riego. La policía ha confiscado pistolas, escopetas y rifles, por lo que los agricultores no tienen forma de defenderse de los ladrones.
  • El gobierno desarrolló un plan –“Mi vida sin drogas: paz y futuro”– para generar conciencia entre los jóvenes y sus familias sobre prácticas saludables para vivir libres de adicciones a las drogas.
  • La administración del presidente Ortega canceló las visas de sacerdotes extranjeros y cerró los centros de formación de la Iglesia. También ha habido informes de múltiples ataques de grupos paramilitares contra sacerdotes e iglesias que han criticado la laxa respuesta del gobierno a la pandemia.
  • El complejo penitenciario Jorge Navarro, conocido como La Modelo, es uno de los principales destinos de los detenidos por denunciar violaciones de derechos humanos en Nicaragua. Abogados confirman que muchos activistas sociales están encarcelados bajo cargos de tráfico de drogas a pesar de no tener asociación alguna con esa práctica. Los reclusos informan sobre el hacinamiento, la falta de agua y atención médica que han creado un caldo de cultivo para el virus.
  • Un grupo de jóvenes opositores, Coalición Nacional, ha pedido la liberación de cientos de presos políticos. De acuerdo a sus informaciones, cerca de 3.000 personas han sido detenidas sin orden judicial ni debido proceso.
  • Antes de las elecciones de 2021, muchos trolls, cuentas falsas y bots maliciosos han plagado las redes sociales en el país. Después del anuncio del líder de Creó, George Henríque Cayasso del Partido Yatama en la Coalición Nacional, ha habido ataques a su raza en las redes sociales.

Consulte las siguientes fuentes:

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